El fiscal desistió de acusar a los presuntos falsos policías por falta de pruebas directas y de vínculos para sostener la acusación por asociación ilícita.
El juicio a la presunta banda de falsos policías y piratas del asfalto que durante años fue señalada como responsable de entraderas, robos de autos de alta gama y golpes contra camiones con mercadería en tránsito terminó este viernes con un desenlace contundente: fueron absueltos todos los procesados que llegaron a debate oral.
Tras analizar la totalidad de la prueba producida durante el juicio –incluidas las escuchas telefónicas que habían sido dadas por perdidas en el arranque del proceso y luego recuperadas–, el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia resolvió desistir de la acusación al concluir que no existían pruebas directas, objetivas e indubitables que permitieran sostener la responsabilidad penal de los imputados en los delitos endilgados.
Vecinos de La Plata denuncian intentos de entraderas durante la madrugada y advierten que una banda de delincuentes mantiene en vilo a Villa Castells.
El desistimiento se fundó, en particular, en la ausencia de elementos concretos que acreditaran la participación de los acusados en los hechos investigados y, sobre todo, en que no se logró probar la vinculación entre ellos en los términos exigidos por el Código Penal para configurar el delito de asociación ilícita. En cumplimiento del principio de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Caniggia retiró la acusación pública, una decisión amparada por el marco legal vigente cuando la prueba no alcanza el estándar requerido para sostener una condena.
Con el retiro de la acusación, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de La Plata dictó la libre absolución de todos los imputados que habían llegado a juicio. El cuerpo estuvo integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Hernán Decastelli, con la secretaría de Pablo Agustín Cappelletti.
Los acusados que llegaron al debate oral y resultaron absueltos son:
El resto de los imputados no llegó a juicio oral porque fueron condenados en el marco de juicios abreviados. En esos acuerdos, el fiscal Caniggia logró siete condenas por el delito de asociación ilícita, entre otros cargos, un dato que el propio Ministerio Público destacó para dimensionar que la investigación no fue inocua y que parte de la estructura delictiva quedó sancionada en sede judicial.
La causa tuvo un derrotero complejo desde su inicio. Durante la instrucción se sostuvo la hipótesis de una organización criminal dedicada a simular allanamientos policiales, cometer entraderas, robar vehículos de alta gama y ejecutar golpes de piratería del asfalto. Uno de los pilares probatorios fueron las escuchas telefónicas, que en el arranque del juicio se creyeron perdidas.
La recuperación de los CD con las escuchas, que estaban guardados bajo custodia en el Juzgado de Garantías que intervino en la instrucción, fue producto de una búsqueda sostenida por parte del fiscal de juicio, que insistió hasta dar con el material. Esa prueba volvió a incorporarse al debate y fue reproducida en audiencias posteriores.
Sin embargo, el desarrollo del juicio fue erosionando la hipótesis acusatoria: testigos que no pudieron identificar a los imputados, audios que comprometían a algunos de los acusados que habían firmado abreviados pero no involucraban de manera directa a quienes llegaron a juicio, cuestionamientos a la forma en que se habían pedido y transcripto las escuchas y, finalmente, la falta de acreditación de vínculos suficientes para sostener la existencia de una asociación ilícita entre los procesados que estaban en el banquillo.
En su alegato final, el fiscal Caniggia dejó claro que el MPF no está obligado a acusar a cualquier costo. Por el contrario, el principio de objetividad impone retirar la acusación cuando la prueba no cumple con los estándares exigidos para una condena.
En esa línea, destacó el trabajo realizado durante el debate para intentar sostener la hipótesis de la acusación, la incorporación de las escuchas que habían sido dadas por perdidas y la producción de prueba testimonial y pericial. A la vez, puso en valor que siete integrantes de la estructura investigada sí fueron condenados en juicios abreviados, lo que da cuenta de que la causa permitió sancionar penalmente a parte de los responsables, aunque no se haya logrado el mismo resultado respecto de quienes llegaron a juicio oral.
En un apartado que marcó el cierre del proceso, se destacó la labor del abogado Callaba, defensor de Ramírez, quien sostuvo durante casi una década la inocencia y la libertad de su asistido. Desde el inicio de la causa, el letrado cuestionó la investigación, denunció falencias probatorias y advirtió que su defendido estaba siendo arrastrado a un expediente de enorme envergadura sin elementos concretos que lo vincularan con los hechos.
Durante años, esos planteos no fueron atendidos por las autoridades competentes. Ramírez llegó a juicio con una falta de mérito dictada en la instrucción, sin haber sido identificado por testigos y sin aparecer en las escuchas telefónicas reproducidas en el debate. Callaba había anticipado públicamente que el desenlace sería absolutorio, y el fallo del TOC N°1 terminó por confirmar ese pronóstico.
El resultado se suma a una racha destacada para el letrado: es la cuarta absolución consecutiva que logra en pocos meses en el fuero Penal de La Plata, uno de los más exigentes para litigar en la provincia de Buenos Aires. En este caso puntual, la absolución cerró un recorrido judicial de casi 10 años para su defendido, marcado por procesos, sospechas y una causa que, finalmente, no pudo sostener la acusación en el tramo decisivo del juicio oral.
Con el fallo absolutorio dictado este viernes, se cerró una de las causas más extensas y complejas que atravesaron el fuero Penal platense en la última década, con un desenlace que dejó expuestas las dificultades de probar estructuras criminales complejas cuando no se logran acreditar vínculos directos, objetivos e indubitables entre los acusados que llegan al juicio.