El juez Alejo Ramos Padilla absolvió a dos ex policías bonaerenses acusados de ocultar la identidad de una víctima de los vuelos de la muerte.
En un fallo que generó fuerte rechazo, la Justicia Federal de La Plata absolvió a dos ex policías bonaerenses acusados de encubrir el homicidio de Rosa Novillo Corvalán, víctima de los vuelos de la muerte. Organismos de derechos humanos y familiares cuestionaron duramente la decisión del juez Alejo Ramos Padilla.
En una extensa audiencia, el titular del Juzgado en lo Criminal Correccional Federal 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, absolvió al exoficial inspector Moisés Elías D’Elía y al exoficial subinspector Julio César Morazzo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció luego de reunirse con la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Se trata de la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período de 1976 y 1983.
Ambos estaban acusados de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación al hallazgo y entierro como NN de Rosa Novillo Corvalán, asesinada durante la última dictadura militar.
El caso se remonta al 6 de diciembre de 1976, cuando Morazzo, entonces a cargo del destacamento Benavides en Punta Indio, encontró el cuerpo de Novillo Corvalán en la costa. Según la acusación, junto a D’Elía actuó para ocultar la identidad de la víctima, que fue enterrada sin nombre en el cementerio de Magdalena.
Para la querella y la fiscalía, se trató de un caso emblemático de la "segunda desaparición" que sufrieron al menos 35 víctimas de los vuelos de la muerte, cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Magdalena y Punta Indio entre 1976 y 1982.
Sin embargo, el juez Ramos Padilla sostuvo que no se probó el encubrimiento y consideró que los policías no recibieron la confirmación de identidad emitida por el laboratorio de Necropapiloscopía. Además, recordó que la normativa vigente en esa época obligaba a enterrar los cuerpos no identificados en un plazo de 24 horas.
El magistrado argumentó que las actuaciones realizadas por los imputados -documentar el hallazgo y dar publicidad al hecho- no fueron acciones de ocultamiento. Por eso, decidió absolverlos y derivar copias a la Unidad Fiscal Federal para investigar a otros funcionarios policiales, judiciales y militares que podrían haber intervenido en inhumaciones clandestinas en la zona.
La resolución provocó indignación entre familiares de la víctima y organismos de derechos humanos. El abogado querellante Pablo Llonto calificó el fallo como "abominable" y "arbitrario", anunciando que apelarán ante la Cámara de Casación. "Este fallo avergüenza la lucha de los organismos de derechos humanos y revictimizó a la familia", expresó.