La Justicia ordenó al Instituto Estrada de City Bell garantizar la matrícula 2025 a los hijos de Rodrigo Rey, en un fallo clave para el colectivo TEA.
La familia del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, obtuvo un fallo que obliga al Instituto José Manuel Estrada de City Bell a mantener la escolaridad de sus hijos. La resolución es considerada un avance crucial para chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y marca un precedente para otras familias que enfrentan situaciones similares.
La resolución judicial que favoreció a la familia Rey fue celebrada entre organizaciones y especialistas que acompañan a niños con TEA. El fallo llega en un contexto donde, en gran parte del país, los sistemas educativos aún no garantizan la inclusión plena ni el acompañamiento profesional adecuado para estudiantes neurodivergentes.
Rodrigo Rey y el resto de los futbolistas salieron a la cancha de Independiente con audífonos en campaña por el caso de discriminación contra su hijo Benicio.
Mientras el arquero Rodrigo Rey sigue la pelea judicial para que sus hijos sigan en el Colegio Estrada, una Ley busca garantizar la inclusión de chicos con TEA.
El conflicto comenzó cuando el colegio platense rechazó en 2024 la renovación de la matrícula de uno de los hijos del arquero, diagnosticado con autismo y de su hermana para el ciclo lectivo 2025. La institución argumentó el llamado “derecho de admisión”, criterio que la familia consideró discriminatorio y que impulsó la judicialización del caso.
La justicia falló a favor de Rodrigo Rey
Tras la denuncia, la Justicia otorgó inicialmente una medida cautelar que permitió a los niños sostener su continuidad escolar mientras avanzaba el litigio. Esa decisión garantizó la permanencia académica y social de ambos alumnos en un entorno educativo conocido, a la espera de una sentencia definitiva.
El reciente fallo, ahora firme, constituye un avance significativo para miles de familias que atraviesan situaciones similares en distintos puntos del país. Especialistas en inclusión educativa destacaron que la resolución reafirma la obligación de las instituciones privadas y públicas de asegurar el acceso a la educación sin discriminación y con los apoyos necesarios.