El debate por el presupuesto de las universidades expone un vacío en la Auditoría General de la Nación, que no puede emitir informes.
La Ley de Financiamiento Universitario se encuentra en el centro de la escena desde hace meses a raíz del fuerte ajuste impulsado por el presidente Javier Milei en los fondos que reciben las universidades públicas de todo el país y la polémica generada alrededor de las auditorías anunciadas por el Gobierno que, sin embargo, nunca se realizaron.
El mandatario argentino defendió la medida como un paso para controlar el uso de los recursos, aunque el organismo encargado permanece paralizado y sin los auditores que marca la legislación vigente.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo Nacional de la CGT y se formalizó en un duro comunicado contra las políticas de Javier Milei.
Estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de las universidades se suman a la Marcha Federal Universitaria en reclamo de más financiamiento.
La Auditoría General de la Nación (AGN) no está en condiciones de llevar adelante las revisiones que pretende el Ejecutivo. El organismo estatal necesita siete integrantes para funcionar y solo cuenta con uno: Juan Manuel Olmos, designado por Unión por la Patria (UxP). Los seis restantes dependen de la designación de las Cámaras del Congreso, encabezadas por Martín Menem y Victoria Villarruel, que aún no convocaron al debate correspondiente.
El Gobierno funciona con un presupuesto prorrogado desde 2023, lo que impacta directamente en el financiamiento universitario, entre muchas otras áreas. En abril de 2024 se realizó la primera Marcha Federal Universitaria bajo la consigna de defender de la educación pública y en octubre hubo una segunda movilización. Luego de las manifestaciones, el propio Milei volvió a insistir con la necesidad de auditar los fondos que reciben las casas de altos estudios y mencionó "autos caros de 90.000 dólares" y "choferes que cobran 13 millones de pesos" como ejemplos del presunto desvío de recursos.
A 17 meses de la primera marcha, docentes y trabajadores denuncian un deterioro salarial que supera el 30% en menos de 2 años. Desde aquellos días a la fecha, las auditorías ni siquiera han comenzado y este miércoles se llevará a cabo una tercera movilización que reunirá a miles de personas en la Plaza de los dos Congresos, con el objetivo de reclamar por la educación superior gratuita y rechazar el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario, entre otras medidas.
"En 2024 la propia Universidad de Buenos Aires (UBA) le pidió a la AGN que la auditara", explicó secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz. Los informes no se emitieron porque, con un solo auditor activo, el organismo no logra aprobar formalmente los resultados de su trabajo.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) figura entre las instituciones incluidas en el Programa de Acción Anual 2025 de la AGN. Sin embargo, su presidente Martín López Armengol confirmó que hasta el momento no se recibió ninguna notificación formal para dar inicio al proceso. La casa de estudios platense sostiene auditorías internas mientras espera definiciones oficiales.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) tampoco recibió auditorías este año. "Es responsabilidad del Poder Ejecutivo que no se constituya el Colegio de Auditores", señaló su rector Franco Bartolacci, quien confirmó que participará de la marcha en el Congreso. En esa casa de estudios se registraron cien renuncias de docentes a lo largo de 2024 por la depreciación de los salarios. En otras casas de estudio, como la Universidad Nacional de Entre Ríos o la Universidad Nacional del Litoral, también se repite la salida de educadores. La Universidad Nacional de San Juan no logra cubrir vacantes en áreas clave y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) redujo cargos y paralizó proyectos de investigación.
La Universidad Nacional de La Matanza, por su parte, suspendió la construcción de un centro de salud, instalaciones para la carrera de Odontología y una residencia estudiantil. También crecieron 350% los pedidos de becas estudiantiles para cubrir comedor y apuntes y la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Bahía Blanca, detuvo obras y recortó programas de becas.
Mientras tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, no respondió las consultas sobre la caída de fondos y la parálisis de la AGN. En el mejor de los casos, algunas universidades presentan documentación a la espera de auditorías que aún no pueden concretarse, en medio de un escenario de creciente incertidumbre.