El gobierno de Javier Milei vetó la ley que actualizaba por inflación los gastos universitarios y reabría paritarias, y ahora el proyecto vuelve al Congreso.
Javier Milei remitió este miércoles al Congreso el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada en Diputados a principios de agosto. La norma, impulsada por el radicalismo disidente y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), actualizaba los gastos de funcionamiento por inflación y reabría las paritarias del sector.
La iniciativa había obtenido 158 votos afirmativos en Diputados, una mayoría amplia pero insuficiente para alcanzar los dos tercios necesarios para sortear un veto presidencial. Ahora, la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial prevista para el próximo miércoles.
La secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, estará obligada a dar las explicaciones del caso el 23 o el 30 de septiembre.
La medida fue oficializada esta mañana en Casa Rosada, tras la dura derrota electoral y en el marco de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei.
En esa misma sesión se aprobaron también la declaración de emergencia en pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan, y la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Ambos proyectos también recibirán vetos, aunque todavía no fueron remitidos al Congreso; el plazo vence este jueves.
La ley vetada establecía que los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y partidas para investigación se actualicen automáticamente por inflación. Además, ordenaba convocar paritarias dentro de los tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes y aumentar las becas, entre otros puntos.
Desde la Casa Rosada rechazaron la iniciativa argumentando que su costo fiscal era demasiado elevado y que pondría en riesgo el superávit, piedra angular del plan económico del Gobierno. Según el Ejecutivo, el proyecto no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige detallar las fuentes de financiamiento de gastos no previstos en el presupuesto.
El veto señala que los mecanismos propuestos para financiar la ley, como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado o la reasignación de partidas, resultan "genéricos" y no garantizan ni la suficiencia ni la disponibilidad de los recursos.
El Gobierno advirtió que la implementación de la norma generaría un aumento significativo del gasto público, con un costo estimado para 2025 superior a un billón de pesos. Esto, según el Ejecutivo, pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
En ese sentido, remarcaron que un gasto de esa magnitud "sin respaldo real" solo podría financiarse con emisión monetaria, lo que incrementaría la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
El veto ya fue publicado en el Boletín Oficial, y ahora el Congreso deberá definir si intenta rechazarlo y mantener la ley original, o acatar la decisión del Ejecutivo, en medio de un escenario de fuerte debate sobre la financiación de la educación superior.