viernes 17 de mayo de 2024

Una fiscal de La Plata egresada de la UNLP disertó sobre corrupción ante magistrados de todo el país

Actuó en casos resonantes en los que logró condenas relevantes en La Plata. Es especialista en investigar delitos complejos. Fuerte mensaje al poder político.

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Antes de comenzar a desarrollar su ponencia la fiscal platense Victoria Huergo expresó que “como egresada de la Universidad Nacional de La Plata quiero recordar que el dinero que fue sustraído con maniobras corruptas, es el que hoy falta para sostener, sin recortes presupuestarios, la educación pública, gratuita y de calidad que hizo grande a este país y de la que nos sentimos orgullosos”.

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“Así como decimos que, sin la cobertura de las necesidades básicas, otros derechos difícilmente pueden gozarse; no puede, más allá de que existen muchos fiscales que tienen conductas heroicas, esperarse resultados de excelencia si a los acusadores y también a los jueces, se los ataca desde frentes diversos”, comenzó la fiscal egresada de la UNLP en su exposición.

En los sistemas acusatorios el rol del ministerio público es “clave en la lucha anticorrupción” consideró y por ese motivo los fiscales son los destinatarios preferenciales. Es por tal motivo que actualmente resultan ser el destinatario preferencial “de las maniobras tendientes a impedir que se logre el castigo de tales delitos”.

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Victoria Huergo, fiscal de juicio de La Plata, surante su exposición en la UBA.

Victoria Huergo, fiscal de juicio de La Plata, surante su exposición en la UBA.

Los fenómenos de corrupción “han sido el verdadero banco de pruebas de la independencia política de la administración de justicia debido a que, sin la labor del fiscal, los jueces no pueden hacer nada”. “Para el arco político es tan claro, que se han multiplicado los ataques hacia los fiscales en los últimos años de forma directa y difusa”, expuso.

Desde La Plata y la UNLP para el país

Luego de detallar con fina precisión todas las atribuciones de los fiscales señaló que están investidos “de un enorme poder”, por eso colocan a los fiscales “como blanco predilecto de presiones por parte de las mafias” con prácticas que asumen dos formatos, “persuasión a través de beneficios espurios y persecución”.

“No me voy a detener en el primer caso porque quienes resultan permeables a los incentivos, en dinero o con el formato que fuere, son lisa y llanamente delincuentes en el ejercicio de un cargo público”, sentenció, pero dedicó “unas palabras a los colegas que diariamente se sacrifican por realizar su tarea de la mejor manera en condiciones muy difíciles” que detalló:

  • Problemas presupuestarios que limitan los recursos humanos y materiales.
  • Vacantes que se multiplican y generan sobrecargas laborales.
  • Carencia en muchas jurisdicciones del país de Policía Judicial o equipos periciales propios que recolecten y procesen la información, máxime en las causas volumen como son las de corrupción.
  • Los criterios jurisprudenciales dispares en torno a la aplicación de la ley del arrepentido entre otras.

Todas estas carencias “opacan los titánicos esfuerzos diarios de los representantes de la vindicta pública”.

Juicio por la muerte de Luján Alva - Victoria Huergo
La fiscal durante un juicio por jurados en La Plata

La fiscal durante un juicio por jurados en La Plata

Pero, además de lo señalado, “que de por si justificaría que el rol de fiscal sea considerado trabajo desfavorable y con ello acreedor de un régimen jubilatorio especial”, se suman:

Las presiones externas que asumen la forma de denuncias y pedidos de jury, descalificaciones periodísticas en base a información sugestivamente no chequeada, tanto sobre aspectos funcionales como personales.

Campañas de desprestigio en redes sociales escondidas en el anonimato de los “opinadores interesados”.

Persecución y lawfare

Para la fiscal Huergo “una de las técnicas de persecución de los últimos años vino de la mano de empleo de la expresión ‘lawfare’, destinada desacreditar la tarea de jueces y fiscales en la lucha anticorrupción”.

El vocablo “lawfare” como guerra jurídica, surge a partir de la contracción de las voces law y warfare. Se trataría del uso del sistema judicial para perjudicar a los adversarios políticos e inhabilitarlos para contiendas electorales. “Pero lejos de suscribir el alcance que se le quiere dar, entiendo, por el contrario, que el uso que los políticos le dan lo es para deslegitimar a la justicia y relativizar las condenas desgastando con ello la confianza pública que se necesita para garantizar la paz social”.

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En otro pasaje de su exposición reseñó que “el estado de sospecha que se quiere instalar para sostener imágenes positivas de condenados penales, daña severamente el vínculo de la sociedad con sus fiscales y facilita la persecución política a los mismos”.

Un juicio por Youtube

La fiscal de juicio de La Plata consideró que la publicación “Lawfare. Democracia en peligro” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2023 “es un claro ejemplo del ataque al que hago referencia y que se dirige a socavar la legitimidad del Poder Judicial en general y de los fiscales en particular”.

En el libro se señala que: “La irrupción de un Poder Judicial que se posiciona por encima del Ejecutivo y el Legislativo, pese a ser el único de los tres poderes del Estado que no se elige por el voto popular, habilita el desarrollo de una ‘juristocracia’ y conduce a situaciones repetidas de doble vara ante la ley y de selectividad en los casos tratados por los tribunales y las fiscalías”.

Huergo puso el foco en que esa afirmación “evidencia un total desconocimiento, o peor aún, un rechazo palmario a la división de poderes, principio capital y fundante en un estado constitucional de derecho como es el nuestro”.

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En particular en ese documento se descalifica injustamente la actuación concreta de algunos fiscales, “particularmente en un juicio que fue íntegramente transmitido por canales de difusión como Youtube, de acceso libre”. “Además de los conocidos ataques recibidos por los fiscales Alberto Nisman, José María Campagnoli, Diego Luciani y Sergio Mola, muchos colegas han padecido embestidas en razón de su cargo”, exclamó Huergo y recordó que la Asociación Argentina de Fiscales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques sufridos por la Procuradora Adjunta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Dra. Cecilia Goyeneche, entre otros.

Huergo consideró clave la relación de confianza de los fiscales con la sociedad. “Si esa estrecha relación de confianza que debe primar entre el fiscal y la sociedad se pone en crisis, se debilita o se jaquea, si aquellos que deben exponerse para que la corrupción sea combatida proporcionando información no creen en los fiscales, si los fiscales no se sienten acompañados por la sociedad, si el Poder Judicial no maneja sus recursos, si una carrera judicial puede obstaculizarse o hasta truncarse como represalia al cumplimiento del deber, la batalla contra la corrupción difícilmente pueda ser ganada”.

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