La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires figura entre los tribunales superiores del país que no hicieron públicas las declaraciones juradas patrimoniales de sus jueces. El dato surge de una investigación nacional de Ruido y Connectas, difundida por la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), que analizó el nivel de transparencia de las 24 Cortes Supremas provinciales entre abril y mayo de 2025.
El relevamiento determinó que solo dos jurisdicciones —Córdoba y Mendoza— publicaron íntegramente las declaraciones juradas de todos sus magistrados. En cambio, en el resto de las provincias, las respuestas fueron parciales, incompletas o directamente inexistentes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Corte integrada por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria se encuentra entre las que no entregaron la información solicitada.
De acuerdo con los resultados de la investigación, de los 138 jueces que integran las cortes provinciales en todo el país, 119 no respondieron de forma completa a los pedidos de acceso a la información. Los responsables del relevamiento explicaron que en la mayoría de los distritos judiciales las declaraciones se presentan "a sobre cerrado", lo que impide el acceso público.
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Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, jueces que integran la Suprema Corte bonaerense y cuyas declaraciones juradas no son públicas
Córdoba y Mendoza, las únicas con acceso completo
El estudio, publicado el 8 de agosto de 2025, reveló que solo Córdoba y Mendoza permiten consultar las declaraciones patrimoniales de todos los jueces de sus cortes. En Córdoba se accedió a esa información luego de un pedido formal de acceso, mientras que Mendoza mantiene disponible el material en su Portal de Ética Pública.
En contraste, la Suprema Corte bonaerense no emitió respuesta formal al pedido realizado. Según se detalla en el informe, el máximo tribunal de la provincia figura dentro del listado de cortes que no respondieron ni derivaron la solicitud. En la misma situación se encuentran las cortes de Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y la de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación aclara que, en muchos casos, los tribunales derivan los pedidos hacia organismos como Escribanías de Gobierno, Oficinas de Ética Pública o Tribunales de Cuentas, donde las DDJJ se mantienen bajo resguardo administrativo, pero sin acceso público directo. Ese procedimiento, si bien cumple con la obligación formal, no satisface los estándares de transparencia activa que recomiendan los organismos internacionales de control.
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La Suprema Corte bonaerense no respondió al pedido de acceso y figura entre los tribunales sin información pública disponible
¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires?
En el caso de la Suprema Corte bonaerense, no se encontraron registros públicos accesibles de las declaraciones juradas de los ministros Torres, Kogan y Soria. Si bien el Poder Judicial provincial y el Ministerio Público bonaerense cuentan con secciones dedicadas a normativa y formularios de declaraciones juradas, no hay documentación individual visible en línea ni respuesta institucional al pedido de información.
El informe remarca que este tipo de opacidad dificulta el control ciudadano sobre la evolución patrimonial de los magistrados, una herramienta clave para prevenir conflictos de interés y posibles casos de enriquecimiento ilícito. En su análisis, Ruido y Connectas advierten que la Corte bonaerense no figura entre las provincias que respondieron ni parcialmente a los pedidos, lo que evidencia una falta de política pública de transparencia judicial en la provincia con mayor peso institucional del país.
Además, el relevamiento fue complementado con un segundo estudio que indagó sobre los vínculos políticos y laborales previos de los magistrados antes de ocupar cargos en las Cortes. En ese informe, se identificó que 88 de los 138 jueces de cortes provinciales mantenían alguna relación política o laboral previa con gobiernos o funcionarios locales.
Justitia LP
La Corte bonaerense mantiene sin acceso público las declaraciones de sus jueces y no cuenta con una política activa de transparencia
Un poder con bajo nivel de confianza social
El informe advierte que la falta de transparencia en el Poder Judicial provincial no es un caso aislado. Según datos del Latinobarómetro citados en la investigación, apenas el 22% de los argentinos confía en la Justicia, lo que convierte al Poder Judicial en la institución con menor credibilidad pública.
"El Poder Judicial siempre es el más oscuro de todos los poderes en cuanto a la rendición de cuentas. Es necesario que los encargados de administrar justicia eleven los estándares de transparencia, y conocer la declaración jurada de los jueces es fundamental para saber si hay una evolución patrimonial anormal o un conflicto de intereses", sostuvo Pablo Secchi, director de la organización Poder Ciudadano, al ser consultado por los autores del trabajo.
Por su parte, Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, opinó que el relevamiento "da con información muy valiosa" y permite cuantificar un problema estructural. "Si tenemos instituciones muy cuestionadas, es necesario trabajar para recomponer esos vínculos rotos con la sociedad. Los ministros no sienten una inclinación a transparentar su gestión, y tampoco hay una demanda institucional o social que los impulse a hacerlo", remarcó.
Tribunales 13 y 47 Suprema Corte
La agenda pendiente de la Corte bonaerense
A la luz del informe, la Suprema Corte bonaerense tiene pendiente la publicación y accesibilidad de las declaraciones juradas de sus tres integrantes, tal como recomiendan los estándares internacionales y nacionales de ética pública.
Los especialistas consultados coinciden en que la transparencia no depende solo de la normativa, sino de la voluntad institucional de abrir la información. La publicación de las DDJJ —agregan— no solo fortalecería la legitimidad del máximo tribunal bonaerense, sino que contribuiría a elevar los estándares éticos del Poder Judicial provincial en su conjunto.
La experiencia de Mendoza y Córdoba, que sí cumplieron con las solicitudes y permiten la consulta pública, muestra que es posible implementar mecanismos simples de transparencia judicial sin comprometer la seguridad ni la privacidad de los magistrados. En cambio, la negativa o el silencio —como en el caso bonaerense— profundizan la distancia entre la ciudadanía y la Justicia, en un contexto donde la confianza social se encuentra en mínimos históricos.
