Avanza la causa de abusos sexuales en el Senado bonaerense con nuevas declaraciones, peritajes y definiciones judiciales que impactan en el plano institucional.
La investigación por abusos sexuales en el Senado bonaerense atraviesa una instancia decisiva tras sumar testimonios y medidas probatorias consideradas centrales. La fiscalía ordenó nuevas diligencias para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización, mientras el expediente incorpora actores señalados por las denunciantes y líneas de análisis que amplían el alcance del caso.
Este jueves se realizará el peritaje de celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. La Justicia consideran esa prueba clave para determinar comunicaciones, roles y eventuales responsabilidades. El análisis técnico permitirá establecer vínculos y verificar relatos incorporados en declaraciones recientes dentro de una causa que continúa en expansión.
Tres mujeres que denunciaron abusos sexuales en el Senado relataron cómo fue el sometimiento, el largo camino judicial. Aseguran que hay más víctimas.
El oficialismo busca tratar la reforma laboral en febrero, negocia apoyos en el Senado y enfrenta la presión de la CGT por cambios en artículos clave.
En los últimos días declaró Claudio Yacoy, abogado y actual secretario de Derechos Humanos del Municipio de Avellaneda, también mencionado por las denunciantes. El funcionario se presentó de manera espontánea, afirmó que nunca recibió notificación formal para declarar y negó haber tenido intervención alguna en el expediente judicial.
Según el acta, personal de la DDI intentó notificarlo sin éxito y el contacto se habría canalizado a través de Melina Gaudino, exfuncionaria provincial citada en la causa. Una fuente judicial indicó que se aportó un número telefónico erróneo, situación que ahora se evalúa bajo la hipótesis de un posible entorpecimiento investigativo.
Las denunciantes relataron que, tras decidir denunciar los abusos, durante meses creyeron que la causa avanzaba. Indicaron que distintas personas les aseguraron la existencia de escritos, pedidos de protección y reuniones con la fiscalía y el juzgado interviniente, según consta en los testimonios incorporados al expediente.
Cuando las jóvenes concurrieron personalmente a la fiscalía, comprobaron que no existía ninguna actuación judicial y que las denuncias ni siquiera habían sido ingresadas. Ese hallazgo expuso el rol de presuntos intermediarios y dio impulso a nuevas líneas de investigación que actualmente siguen en curso.
En paralelo, el caso escaló al plano político en la Cámara alta bonaerense. Mientras La Libertad Avanza impulsa una comisión especial, senadoras de Fuerza Patria promovieron iniciativas de acompañamiento. La causa tiene imputados a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz; la fiscal Betina Lacki evalúa pedir preventivas.
Los acusados eran referentes de la agrupación política kirchnerista Movimiento Ciudadano La Capitana, espacio que actualmente forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Rodríguez, además, es señalado en la causa como el líder de la presunta secta "La Orden de la Luz".