El Concejo Deliberante de La Plata analizará un proyecto para crear una comisión especial que siga las causas por presuntos abusos en el Senado bonaerense.
El caso de los presuntos abusos en el Senado bonaerense llegó al Concejo Deliberante de La Plata. El presidente del bloque de concejales del PRO, Nicolás Morzone, presentó este jueves un proyecto de ordenanza para crear una Comisión Especial en el seno del deliberativo local con el objetivo de seguir y acompañar institucionalmente las investigaciones judiciales sobre el escándalo en la cámara alta bonaerense.
La iniciativa propone conformar una "Comisión Especial Investigadora y de Enlace", de carácter transitorio y que tendrá como objetivo "el seguimiento institucional, articulación y colaboración" en relación con causas vinculadas a presuntos delitos de abuso sexual, coacción, sometimiento, reducción a la servidumbre y otras conductas denunciadas en el ámbito del Senado de la provincia.
La institución de La Plata comunicó la desvinculación de Nicolás Rodríguez, detenido por abuso sexual, y fijó su postura mientras avanza la causa judicial.
La investigación entra en una etapa clave. Aumenta el impacto político y se amplía el foco judicial por los abusos sexuales denunciados.
Como viene informando 0221.com.ar, el caso estalló en diciembre y tiene imputados a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de planta permanente de la Cámara alta bonaerense. Los dos están siendo investigados por la presunta existencia de una organización coercitiva denominada "La Orden de la Luz" que, al menos desde 2015, habría captado jóvenes en situación de vulnerabilidad dentro de oficinas legislativas, bajo la fachada de empleo o militancia rentada, para someterlas a abusos sexuales y rituales de iniciación.
La comisión propuesta por Morzone deberá realizar el seguimiento de las actuaciones vinculadas a los hechos denunciados y ejercer control político sobre la actuación del Departamento Ejecutivo Municipal en relación con el tema. También prevé articular acciones de enlace y colaboración entre el Municipio, el Poder Judicial y otros organismos competentes, así como promover la protección y asistencia integral de las víctimas, y elaborar informes y recomendaciones "no vinculantes".
Además, el proyecto instruye al Municipio a garantizar el acompañamiento, la contención y la asistencia integral de las personas damnificadas, con acceso a apoyo psicológico, social y jurídico, y con el compromiso de evitar cualquier forma de revictimización. En ese marco, la comisión tendría un rol de coordinación y supervisión del cumplimiento de esas medidas.
Otro punto saliente de la iniciativa es que instruye al Municipio a presentarse como particular damnificado en la causa penal en trámite, argumentando "una afectación directa al interés público local y la ocurrencia de presuntos delitos complejos dentro de la jurisdicción de La Plata", con el objetivo de "aportar prueba y colaborar con el esclarecimiento" del caso.
La ordenanza plantea que la comisión estará conformada por concejales de los distintos bloques políticos, con un representante titular y un suplente por cada bancada, y durará en funciones 12 meses. Al finalizar ese período, deberá elevar un informe final al Concejo Deliberante con un resumen de actuaciones realizadas, conclusiones y recomendaciones institucionales.
En los fundamentos, Morzone sostiene que los hechos denunciados no deberían abordarse como episodios aislados y plantea la necesidad de "una respuesta institucional coordinada" que acompañe la investigación judicial sin interferir en ella.
Agrega que la comisión propuesta "no persigue fines punitivos ni jurisdiccionales, sino que constituye una herramienta institucional legítima para acompañar la investigación judicial, proteger a las víctimas, ejercer el control político correspondiente y reafirmar el compromiso del Estado local con el esclarecimiento de los hechos".
Recuerda que hay antecedentes locales en la materia como la comisión investigadora que se creó en el Concejo tras la inundación de 2013 y que "constituyó un precedente institucional de relevancia, orientado al esclarecimiento de hechos de gravedad excepcional, que contó incluso con la participación de autoridades judiciales especializadas, como el entonces titular de la Fiscalía de Delitos Complejos".
Ya en el final, Morzone considera que la presunta comisión de estos delitos en un edificio público provincial emplazado en pleno casco urbano de la ciudad "compromete no solo bienes jurídicos individuales, sino también el interés público local, la confianza ciudadana y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas".
El edil sostiene, en este marco, que el Estado municipal "no puede adoptar una posición pasiva o meramente expectante" y debe presentarse también como particular damnificado "en tanto los hechos investigados afectan de manera directa al interés público local y han ocurrido dentro de su jurisdicción".