Los gastos de funcionamiento del Directorio de la Caja de Previsión Social de Abogados de la provincia de Buenos Aires quedaron nuevamente bajo la lupa tras la publicación del último balance institucional. Los datos oficiales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026 muestran que el organismo destinó cerca de $2.400 millones al sostenimiento de sus órganos de conducción y control.
Las cifras publicadas en el sitio web oficial de la entidad forman parte del debate que impulsa la Asociación de Abogados Jubilados para la Caja de Previsión de Abogados de la provincia de Buenos Aires, entidad que prepara un proyecto de reforma de la Ley N°6.716 para modificar el funcionamiento del organismo previsional. La asociación aclaró sin embargo que respalda la continuidad de la Caja como sistema previsional, pero sostiene una postura crítica respecto del esquema de gestión previsto en la ley vigente, al que considera desactualizado.
Según el balance oficial, durante el último ejercicio el Directorio destinó $2.154.250.962 al pago de viáticos, traslados y alojamiento de sus integrantes. A ese monto se agregan $136.804.137,78 en concepto de aprovisionamiento y refrigerio, por lo que el gasto total vinculado al funcionamiento del Directorio ascendió a $2.290.809.461,58. El mismo balance consigna además que la Comisión Revisora de Cuentas demandó otros $101.739.081 durante el ejercicio.
En consecuencia, el funcionamiento conjunto del Directorio y del órgano revisor representó un desembolso de $2.391.548.542,76, de acuerdo con la documentación contable publicada por la propia Caja.
El debate de abogados por la estructura de gobierno de la Caja
Para la Asociación de Abogados Jubilados, estos números reavivaron el planteo sobre la necesidad de modificar la estructura institucional del organismo. La entidad sostiene que el actual sistema, establecido por la Ley N°6.716 y sus modificaciones posteriores, derivó en un Directorio integrado actualmente por 44 miembros titulares y 44 suplentes, ya que cada Colegio de Abogados tiene representación de acuerdo con la cantidad de matriculados. En ese sentido consideran que ese esquema incrementó los costos de funcionamiento y volvió más compleja la administración de la Caja.
Por ese motivo, uno de los ejes centrales del proyecto que presentarán en la Legislatura bonaerense propone reducir significativamente la cantidad de integrantes del Directorio, establecer la elección directa de sus autoridades por parte de los afiliados activos y jubilados e incorporar una asamblea anual como máxima autoridad institucional.
La iniciativa también plantea limitar las reelecciones de los directores, crear formalmente una Mesa Directiva integrada por presidente, secretario y tesorero y establecer una nueva integración de la sindicatura con abogados que acrediten experiencia en materia financiera, bancaria, previsional o aseguradora.
En la Asociación remarcan que el objetivo no es cuestionar la existencia de la Caja de Previsión, sino impulsar una reforma que permita adecuar su funcionamiento a las condiciones actuales del ejercicio profesional. Según explican, la actualización de la normativa permitiría incorporar mayores mecanismos de control y participación de los afiliados, además de revisar la estructura administrativa de una institución que administra los aportes obligatorios de los abogados que ejercen la profesión en la provincia de Buenos Aires. Ese dato no es menor: cada profesional debe aportar anualmente el equivalente a 98 JUS previsionales (unos $3 millones al año), además de realizar otros aportes derivados de su actividad profesional, recursos que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del sistema previsional administrado por la Caja.
Antecedentes
Esta situación no es nueva. En plena pandemia cientos de abogadas y abogados de La Plata solicitaron la asistencia de la caja previsional. El tema fue ampliamente reflejado en una nota del portal político Letra P, bajo el título Caja de Abogados bonaerense: timba financiera sin asistencia a afiliados.
Abogados jubilados de la provincia de Buenos Aires ponen el foco en el uso de fondos previsionales y en las magras jubilaciones.
AGLP
Una realidad parecida se replica además en otras instituciones similares. Tal como informó aquel medio, las cajas previsionales de profesionales son el único sistema jubilatorio privado, ajeno a la administración y control estatal. Manejan mensualmente sumas de dinero varias veces millonaria con laxos controles internos. Rinden cuenta una vez al año, generalmente, ante colegas del mismo espacio político. Un sistema con futuro incierto.
