Abogados laboralistas de La Plata alertaron que la reforma laboral del Gobierno implica un retroceso en derechos y beneficia a los grandes grupos económicos.
La Asociación Civil Laboralistas Platenses manifestó un rechazo "categórico" al proyecto de reforma laboral denominado Ley de Modernización Laboral y advirtió que implica un fuerte retroceso en materia de derechos. Según señaló el grupo de abogados de La Plata, la iniciativa beneficia a grandes grupos económicos y profundiza la precarización del trabajo.
Desde la entidad, que tiene como titular al abogado Gastón Valente, cuestionaron que el proyecto no haya sido sometido a un debate público amplio y señalaron que fue redactado por sectores "que defienden los intereses de los grupos económicos concentrados", lo que derivará en "una brutal transferencia de ingresos en perjuicio de quienes viven de su trabajo".
La reforma laboral prevé eliminar ocho impuestos nacionales y reducir el total de tributos, aunque la recaudación seguiría concentrada en pocos gravámenes.
El gremio que nuclea a los docentes bonaerense confirmó su participación en la marcha convocada por la CGT a Plaza de Mayo contra la reforma laboral.
Los abogados alertaron que la reforma busca "eliminar en forma fulminante" institutos centrales de protección del Derecho del Trabajo, afectando normas individuales, colectivas y de la Seguridad Social. Afirmaron que esto provocará una mayor deslaboralización y una pérdida de derechos incluso para quienes hoy no los tienen formalmente reconocidos.
Además, señalaron que está comprobado —y reconocido por los propios impulsores del proyecto— que este tipo de reformas no genera empleo. Por el contrario, advirtieron que en un contexto de falta de crecimiento económico como el actual, producirá la destrucción de puestos de trabajo de calidad, mayor precarización y la sustitución de empleo digno por figuras laborales degradadas.
En el documento también se recordó que reformas similares ya se aplicaron en Argentina, con resultados negativos. Citaron que entre 1991 y 2002 la desocupación pasó del 6% al 21% y la informalidad laboral del 28% al 44%, según datos oficiales. A su vez, indicaron que la última reforma incluida en la Ley Bases provocó la pérdida de más de 19 mil empresas y 276 mil puestos de trabajo.
La Asociación advirtió que la gravedad del proyecto radica en que elimina protecciones básicas del Derecho del Trabajo, retrotrayendo las condiciones laborales a niveles de hace más de 100 años. Mencionaron como ejemplos la posible eliminación de la jornada de ocho horas, la desprotección frente al despido arbitrario y el aumento del poder patronal para modificar condiciones laborales.
También cuestionaron que la propuesta no contemple el impacto del capitalismo cognitivo y la tecnología en el mundo del trabajo. En ese sentido, criticaron la derogación de la Ley de Teletrabajo y la deslaboralización de sectores como el trabajo en plataformas, cuando en otros países y organismos internacionales se discute su inclusión en el Derecho Laboral.
Finalmente, denunciaron que la reforma apunta a disciplinar y criminalizar a los trabajadores, restringiendo el derecho a huelga, debilitando a los sindicatos y afectando la negociación colectiva por rama. En un contexto de caída del salario mínimo, inflación, endeudamiento familiar y pérdida de empleo formal, exhortaron a sindicatos, sectores académicos, judiciales y sociales a "ejercer en forma pacífica el legítimo derecho a resistir esta reforma laboral regresiva".
En la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en un escenario atravesado por tensiones políticas y negociaciones contrarreloj. El Gobierno confía en capitalizar el fortalecimiento de su bloque para acelerar los tiempos parlamentarios y ordenar el debate en comisiones.
En paralelo, el Senado se prepara para un tratamiento decisivo de la iniciativa laboral, con comisiones estratégicas ya definidas. El Ejecutivo pretende imprimirle ritmo al trámite legislativo y llegar a fin de año con ambas leyes sancionadas, en un contexto que pondrá a prueba los acuerdos con aliados y sectores dialoguistas.