El 28 de septiembre de 1990, Andrés Núñez se convirtió en el primer desaparecido de la democracia al ser secuestrado, asesinado y su cuerpo quemado y ocultado.
El 28 de septiembre de 1990, Andrés Núñez, un trabajador de 32 años que vivía en Villa Elvira, fue arrancado de su casa por cuatro policías de civil y trasladado a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí lo torturaron hasta matarlo, su cuerpo fue incinerado y enterrado en una estancia de General Belgrano, donde fue encontrado años después.
Su caso se convirtió en un emblema de la violencia institucional en democracia y en la primera desaparición forzada reconocida públicamente como tal desde el retorno del estado de derecho en 1983.
Luis Ponce, condenado en 2010 por secuestro, tortura y desaparición de Andrés Núñez, pidió irse a su casa. La Cámara Penal de La Plata lo definirá.
Durante mayo se realizó el rastrillaje número 41 y se extrajeron restos para tomar muestras en el cementerio de General Lavalle
Durante años, la investigación estuvo marcada por el encubrimiento policial, la complicidad judicial y el silencio político. El juez a cargo de la causa en los primeros años Amílcar Vara -que mantuvo la misma actitud en el caso de Miguel Bru 3 años más tarde- fue apartado por graves irregularidades.
Recién en agosto de 1995, hace 30 años, gracias al testimonio de un policía arrepentido, los restos calcinados de Núñez fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Ese hallazgo otorgó una singularidad al caso: fue una de las pocas desapariciones en democracia en las que se recuperó el cuerpo de la víctima, lo que permitió confirmar la continuidad de prácticas represivas utilizadas durante la dictadura.
La aparición del cuerpo de Andrés Núñez confirmó la continuidad de prácticas represivas de la dictadura
La madrugada del 28 de septiembre de 1990, policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata irrumpieron en la casa de Nuñez y lo detuvieron sin orden judicial ni denuncia alguna que justificara la medida. Alegaban que investigaban el robo de una bicicleta, pero en el expediente nunca se acreditó que existiera alguna denuncia, como tampoco una orden de detención formal contra el joven que se dedicaba a reparar electrodomésticos.
Lo detuvieron sin orden judicial por el supuesto robo de una bicicleta, pero en el expediente nunca se acreditó que existiera alguna denuncia
Horas más tarde, Núñez fue brutalmente torturado dentro de la dependencia policial. Recibió golpes en el rostro y el abdomen, descargas eléctricas y fue asfixiado con una bolsa de nylon hasta quedar inconsciente y descompensarse. Su muerte, ocurrida en esas condiciones atroces, puso en marcha una maquinaria de encubrimiento que alcanzó a altos mandos de la fuerza, funcionarios judiciales y políticos.
El cuerpo fue retirado de la brigada en el baúl de un Ford Falcon azul y llevado a un campo en General Belgrano, donde fue incinerado y ocultado. Pero eso no se conocería hasta cinco años después. En ese tiempo, la suerte de Núñez se convirtió en un misterio sostenido por la manipulación de pruebas, la intimidación de testigos y el silencio cómplice de quienes tenían el deber de investigar.
El cuerpo fue retirado de la brigada en el baúl de un Ford Falcon azul y llevado a un campo en General Belgrano, donde fue incinerado y ocultado
Varios policías modificaron su fisonomía para evitar ser identificados, el Libro de guardias donde figuraba el ingreso de Núñez fue suprimido y se lo reemplazó por uno nuevo, sin esa novedad, también se intimó a los presos para que no hablaran sobre lo ocurrido aquella noche y evitaran colaborar con los investigadores. De las intrigas estuvieron al tanto inmediatamente varios miembros de la máxima jerarquía de la fuerza, además de los actores judiciales de guardia, bajo cuya competencia se trazó una estrategia de desvío intencional de la pesquisa.
El juez Vara no consiguió ni un solo avance en la investigación mientras que los familiares denunciaban la responsabilidad de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata donde, según el relato de testigos, Andrés había sido visto por última vez.
Cinco años después, el expediente parecía condenado al estancamiento. La causa había quedado marcada por las irregularidades de Vara, apartado por encubrir a los responsables y desviar la investigación. Solo entonces comenzaron a abrirse grietas en el muro de silencio que rodeaba la desaparición de Andrés Núñez.
El quiebre llegó el 8 de agosto de 1995, cuando el sargento primero José Daniel Ramos, hasta entonces invisible para la Justicia, decidió hablar. Si bien aseguró que nunca conoció a Núñez, sus palabras resultaron claves: lo que hasta ese momento eran “chusmeríos internos” dentro de la Bonaerense, se transformó en una pista decisiva.
Guiado por Ramos, el nuevo juez de la causa, Ricardo Szelagowski, llegó al establecimiento El Roble, en General Belgrano. Allí, dentro de un viejo tanque australiano, se había incinerado el cuerpo de Núñez. El campo pertenecía a un familiar del comisario retirado Mario “Chorizo” Rodríguez, uno de los hombres fuertes de la llamada “Maldita Policía” y padrino del oficial Pablo Gérez, jefe del operativo en el que Andrés fue secuestrado.
En 2010, la Justicia condenó a prisión perpetua a los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González por “torturas seguidas de muerte”. Siete años después, el ex comisario Luis Raúl Ponce recibió la misma pena.
Sin embargo, otros responsables quedaron impunes y el exoficial Gerez continúa prófugo desde hace más de tres décadas. Por él, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofrece pública recompensa de entre 2 y 4 millones de pesos. Su último domicilio conocido estaba en 529 entre 8 y 9.
El reclamo de justicia sigue vigente y tiene correlato en una decisión de la Suprema Corte bonaerense, que en 2013, declaró la imprescriptibilidad del caso al reconocerlo como una grave violación de derechos humanos.
Uno de los últimos movimientos que tuvo la causa fue el rechazo al pedido del excomisario Ponce, actualmente preso tras estar prófugo durante más de 17 años, para que su prisión sea domiciliaria. La Justicia consideró que persisten riesgos procesales pese a su edad y antecedentes y subrayó la gravedad de los delitos por los que fue condenado, relacionados con violaciones a los derechos humanos. Sus abogados indicaron a 0221.com.ar en las últimas horas que ese rechazo será apelado.
A 35 años, la desaparición y asesinato de Andrés Núñez sigue siendo una herida abierta. Su nombre recuerda que la violencia institucional no terminó con la dictadura y que la lucha por verdad y la justicia en democracia es también contra el abuso de las fuerzas de seguridad y la complicidad judicial.