La muerte de los tres chicos en la cantera de Villa Elvira, este domingo, continúa conmocionando a La Plata. Tal como informó 221.com.ar, los tres habían acudido por la tarde a la cantera de 122 y 615, en compañía del hermano del joven de 22 años, quien los vio arrojarse al agua desde afuera y salió corriendo en busca de ayuda al ver que no salían.
Las víctimas son los hermanos Juan Tobías Portillo, de 12 años, e Isaías Jair Portillo, de 13, quienes fueron a nadar junto a Jonathan Emanuel Rodríguez, de 22 años. Todos vivían cerca de la cantera y se conocían del barrio. Mientras que los hermanos Portillo vivían en la zona de 601 y 122, Rodríguez se domiciliaba en 122 y 600.
Por tal motivo, en estas horas reina la conmoción en el barrio tras el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes el domingo por la noche. La búsqueda comenzó luego de que el hermano de Rodriguez saliera a pedir ayuda luego de que los tres chicos se tiraran al agua y no salieran.
Tras varias horas de búsqueda, miembros del cuerpo de bomberos de Villa Elisa y de la Superintendencia de Seguridad Siniestral Dirección Riesgos Especiales dieron con los cuerpos. Personal del SAME constató las muertes.
Según informaron fuentes policiales, los jóvenes no sabían nadar. Además, en el lugar estaba prohibido hacerlo. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para sus respectivas autopsias. La causa fue caratulada como Averiguación de causales de muerte y en la misma interviene la UFI N° 15.
El lugar donde se produjo la tragedia había sido clausurado en dos oportunidades: una en 2019 y otra a principios de este año, por falta de habilitación y por peligro de contaminación y derrumbe, respectivamente.
La primera clausura se produjo el 10 de febrero de 2019, por no contar con la habilitación municipal y provincial correspondiente para realizar la extracción de tierra. En esa ocasión, también se había clausurado otra cantera cercana, ubicada en 619 y 122 y otra ubicada en Altos de San Lorenzo.
Por entonces, el Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, había manifestado: “Estamos reforzando el proceso de capacitación de los inspectores especializados en la materia para que actúen ante estos casos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se viole la Ordenanza Municipal 9790 y 10703, referida a los usos específicos, control y verificación de la cantera”.
A pesar de que no contaban con la habilitación correspondiente, entre 2019 y principios de 2023 ambas canteras volvieron a funcionar hasta que, en marzo de este año, fueron clausuradas nuevamente. En esa ocasión, personal de la Municipalidad de La Plata, junto a la Policía Ecológica y los Ministerios de Ambiente y Producción bonaerenses, llevaron adelante la clausura por peligro de contaminación y derrumbe.
En ese entonces, el cierre del predio fue promovido por los vecinos del Barrio Alegre, que habían planteado su inquietud sobre los daños ambientales, y por eso intervinieron la Defensoría del Pueblo bonaerense, en colaboración de la Subsecretaría de Minería del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Durante el operativo también fue clausurada la otra cantera cercana, de 619 y 122.
Los vecinos habían denunciado que los trabajos provocaban grietas en las paredes, contaminación y riesgos de accidentes y derrumbes. Las autoridades constataron que una de las cavas se encontraba en plena actividad, por lo que la Dirección Provincial de Fiscalización de la Subsecretaría de Minería ordenó el cese de las tareas, mientras que la Dirección Ambiental del Municipio de La Plata procedió a la clausura.
En la otra cantera, aunque no se hallaron trabajadores ni maquinaria, se verificaron indicios de actividad reciente, por lo que la autoridad provincial labró un acta de constatación y la Comuna procedió a su clausura. "Se verificó una problemática ambiental provocada directamente por las canteras. Además de la fiscalización del predio, nuestro trabajo también fue estar en contacto con las y los vecinos para tomar todos los recaudos necesarios para garantizar su seguridad", explicó Alejandro Rusconi desde la secretaría de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría.
En esa ocasión, el organismo informó que iba a continuar monitoreando la situación y coordinado entre los diferentes organismos para abordar integralmente la problemática. En ambos terrenos se extraía tierra de forma ilegal. Además de contaminación, estas acciones producían grietas en las paredes y riesgos de derrumbe en los barrios linderos.