La fiscal Betina Lacki pidió la prisión preventiva para los acusados de los abusos en el Senado bonaerense y deberá definir el juez de Garantías.
La fiscal Betina Lacki solicitó la prisión preventiva para los dos acusados por los abusos en el Senado bonaerense. El pedido quedó a consideración del juez de Garantías, quien deberá evaluar la solicitud presentada en el marco del expediente penal abierto.
Este viernes se realizará una audiencia en el fuero Penal de La Plata a pedido de la defensa. Allí se espera que los imputados expongan su descargo ante el bloque acusatorio y el magistrado garante, tras lo cual comenzará a correr el plazo para que se resuelvan los planteos.
De la causa judicial se desprende que cuando Estela Díaz asumió como ministra ya conocía las denuncias contra los militantes detenidos.
El Concejo Deliberante de La Plata analizará un proyecto para crear una comisión especial que siga las causas por presuntos abusos en el Senado bonaerense.
El expediente expone una situación de gravedad institucional y señala posibles fallas en organismos públicos de prevención. "Incumplió su deber de protección como referente de género y convirtió los espacios institucionales y su autoridad en herramientas de captación y sometimiento para beneficio sexual de la pareja", sostuvo Lacki en su escrito. Los dos acusados principales son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.
La audiencia será este viernes a las 12, y el plazo para resolver la prisión preventiva se extiende hasta el 2 de febrero. Al mismo tiempo, la fiscalía pidió la declinatoria de competencia del Juzgado de Garantías N° 4 al Juzgado de Garantías N° 3, por ser primero en el tiempo, y también explicaciones a Estela Díaz, ministra de Género de la Provincia, tras haber declarado que conocía los casos de abusos en el Senado.
La primera denuncia del caso fue registrada en 2014. La impulsó una joven militante que aseguró haber sido abusada. Luego, en 2019, el expediente sumó dos nuevos casos. Ya en 2025, se incorporaron otros dos episodios denunciados. En total, serían cinco las víctimas, aunque no todas decidieron seguir adelante con el proceso, por temor o por las complejas derivaciones que el caso implica. Sus identidades, por ahora, se mantienen estrictamente reservadas.
La hipótesis fiscal describe un patrón. Las denunciantes habrían sido captadas mediante "tareas de militancia", con promesas de acompañamiento político, contención y, sobre todo, oportunidades laborales dentro del Estado. Una vez lograda la confianza, en algunos casos se habrían obtenido empleos en el Senado bonaerense o en otras reparticiones públicas. Pero esos puestos tenían una contracara: la obligación de entregar parte importante del salario bajo el argumento de "sostener tareas militantes".
Ambos acusados integran la planta permanente del Senado bonaerense. En el caso de Rodríguez, su nombre aparece mencionado con especial peso en el expediente: fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito en el que habría captado a una de las víctimas. Silva Muñoz, en tanto, además de su cargo legislativo integra la Secretaría de Género de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional provincia de Buenos Aires.
Las denunciantes relataron que, tras decidir denunciar los abusos, durante meses creyeron que la causa avanzaba. Indicaron que distintas personas les aseguraron la existencia de escritos, pedidos de protección y reuniones con la fiscalía y el juzgado interviniente, según consta en los testimonios incorporados al expediente.
Cuando las jóvenes concurrieron personalmente a la fiscalía, comprobaron que no existía ninguna actuación judicial y que las denuncias ni siquiera habían sido ingresadas. Ese hallazgo expuso el rol de presuntos intermediarios y dio impulso a nuevas líneas de investigación que actualmente siguen en curso.
De acuerdo a la investigación judicial, los acusados no actuaban de manera improvisada. Una vez incorporadas al entorno político, las jóvenes eran invitadas –o presionadas– a sumarse a una presunta organización denominada "La Orden de la Luz", que funcionaría con dinámicas que la fiscalía investiga bajo la sospecha de estructura sectaria.
Las comunicaciones internas del grupo se realizaban a través de una casilla de correo Gmail. Pero no eran mensajes corrientes: estaban redactados en un lenguaje encriptado o codificado, cargado de claves y referencias que, según fuentes del expediente, "dan la sensación de comunicaciones similares a las utilizadas en circuitos narcos". Esa particularidad encendió otra alarma: el tipo de intercambio y las formas de organización hablan de una estructura planificada, no de improvisación.
Los investigadores analizan esa casilla electrónica, los vínculos entre los miembros del grupo y la lógica de funcionamiento interna. Lo que se investiga no es solo el delito sexual, sino también la posible existencia de una red criminal que utilizaba militancia, estructura estatal y promesas laborales como herramientas de captación.
El rol gremial también aparece. La pertenencia de Silva Muñoz a la Secretaría de Género de UPCN Provincia contrasta con el contenido de las denuncias en su contra. Para la Justicia, esa posición pudo haber funcionado como legitimación, respaldo simbólico y, eventualmente, como herramienta de poder sobre mujeres en situación de vulnerabilidad.