El operativo en Lisandro Olmos se realizó tras confirmarse que un acusado por la extorsión del gendarme que murió en Olivos estaba alojado en el penal.
El allanamiento en la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos marcó un punto clave en la investigación por el suicidio del gendarme en la Quinta de Olivos. La Justicia ordenó el operativo en La Plata tras detectar que uno de los acusados por la maniobra extorsiva estaba detenido en ese penal.
La medida se concretó luego de que la Policía Federal Argentina avanzara con tareas investigativas que vincularon a internos de la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena con la muerte de Rodrigo Andrés Gómez, ocurrida el 16 de diciembre de 2025.
La muerte de Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos abrió una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento del grupo que operaba desde La Plata.
El soldado que integraba la custodia presidencial en la Quinta de Olivos se suicidó tras recibir extorsiones constantes de reclusos de Magdalena y La Plata.
La causa quedó en manos de Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, quien dispuso la intervención de la División Homicidios y ordenó peritajes sobre el celular y una carta manuscrita hallada en el lugar.
En esa misiva, el joven mencionaba problemas económicos y señalaba a presuntos "policías corruptos". Los peritos realizaron un análisis caligráfico y una extracción forense de datos del teléfono para reconstruir las comunicaciones previas al hecho.
La investigación permitió identificar que uno de los implicados cumplía condena en la Unidad 26 de Olmos. A partir de esa información, el juzgado ordenó un procedimiento dentro del penal, además de otros operativos en distintos puntos del conurbano.
Los agentes realizaron requisas en pabellones específicos y secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés. También detuvieron a tres hombres y cuatro mujeres vinculados a la estructura investigada.
Dos de los detenidos estaban alojados en Magdalena y el tercero en Olmos. Todos quedaron imputados por "averiguación de causales de muerte" y "extorsión".
Según la pesquisa, los internos captaban víctimas mediante una aplicación de citas. Allí utilizaban perfiles falsos de una supuesta menor de edad para iniciar conversaciones y enviar imágenes íntimas con el fin de generar un vínculo.
Luego, otra persona enviaba un audio en el que simulaba ser la madre de la menor y exigía dinero. Finalmente, los acusados llamaban haciéndose pasar por policías y reclamaban transferencias para evitar una denuncia penal. Los investigadores identificaron al menos otras nueve víctimas.