La investigación reveló que Rodrigo Gómez fue extorsionado por una banda que operaban desde cárceles de La Plata y Magdalena mediante una app de citas.
El suicidio del joven militar Rodrigo Gómez, de 21 años, hallado sin vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado, sumó en las últimas horas un giro clave: el gobierno nacional aseguró que fue víctima de una red de extorsiones operada por presos bonaerenses desde cárceles de La Plata y Magdalena.
Según informaron autoridades nacionales, Gómez había sido captado a través de una aplicación de citas por una banda que utilizaba perfiles falsos de mujeres. Luego de los primeros contactos, los estafadores aseguraban que las supuestas interlocutoras eran menores de edad y exigían transferencias de dinero a cambio de no denunciarlo.
El episodio se registró este domingo en 80 entre 13 y 14. El motociclista murió y el conductor del auto fue detenido tras fugarse.
La causa llega a su etapa decisiva en La Plata, con audiencias que evaluarán la responsabilidad penal de los falsos policías y sus cómplices.
La organización delictiva operaba desde el Penal de Olmos y el de Magdalena, ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y estaba integrada por al menos tres detenidos de entre 21 y 29 años. Además, suplantaban la identidad de dos policías reales de la Ciudad de Buenos Aires para reforzar las amenazas.
El anuncio se realizó este martes durante una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí confirmaron que la investigación se llevó adelante de manera reservada durante más de 50 días.
El caso salió a la luz el 16 de diciembre, cuando se conoció la muerte del joven soldado que cumplía funciones de guardia en la Quinta de Olivos. En un primer momento, las autoridades indicaron que se había quitado la vida, aunque una carta que dejó antes de morir fue clave para reorientar la investigación.
En ese escrito, Gómez relató que había sido extorsionado tras ingresar a la app de citas Evermatch, mencionó deudas, pedidos constantes de dinero y supuestos policías corruptos. A partir de ese material y del análisis de teléfonos celulares, los investigadores determinaron que los perfiles utilizados eran falsos.
Los allanamientos realizados el 8 de febrero permitieron concretar siete detenciones y desbaratar la red, a la que las autoridades denominaron una "PYME del delito". Desde el Gobierno remarcaron que el uso de celulares dentro de las cárceles fue determinante y que el caso no quedará impune.