El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad argentina en general. De acuerdo con los resultados obtenidos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en Argentina una de cada tres familias no posee casa propia, enfrenta serias dificultades para poder acceder a una y la Ley de Alquileres que se presentó como un aliciente y entró en vigencia en julio de 2020 no parecería haber ayudado demasiado en ese camino.
"Esta Ley apareció con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente en plena pandemia y se transformó en algo que parecía bueno, pero terminó siendo una película de terror para todos, tanto para los propietarios como para los inquilinos y nosotros que quedamos atrapados en el medio", sostuvo al aire de Ciudadanos en presidente del Colegio de Martilleros de La Plata Aníbal Fortuna, quien además remarcó las distorsiones provocadas por la intervención del mercado que hasta ese momento se había regulado por oferta y demanda.
El martillero destacó que es evidente que hasta ahora no se le pudo encontrar una solución y los esfuerzos del gobierno argentino han sido inútiles porque "el que manda es el mercado". En la vereda opuesta, en tanto, se mostró el referente de la Asociación Platense de Inquilinos (API), Diego Fernández Camillo, quien reclamó centrar el debate una decisión clave: "Lo que tenemos que definir es si queremos las propiedades para generar ganancias para los propietarios, que además cada vez son menos; o si las vamos a ver como la posibilidad de que sean un hogar para las familias que quieren desarrollarse en la ciudad", remarcó al respecto.
"No nos tenemos que olvidar que atrás de esos inmuebles, lo que existe son familias. Es una cuestión meramente cultural, porque los propios inquilinos o inquilinas no dejan de verse como consumidores y eso es un error. ¿Nosotros para qué queremos esas propiedades? Para vivir", sentenció el joven representante de la API.
Fortuna, por su parte, reiteró que la Ley de Alquileres no hizo más que distorsionar las reglas del mercado y recordó que en momentos de crisis los inquilinos y los propietarios siempre lograron llegar a acuerdos gracias a la intermediación de los martilleros, pero esa posibilidad se ha visto trunca ahora dado que cada vez son más los dueños que deciden retirar sus propiedades del mercado. Fernández Camillo, en tanto, reclamó ir todavía más allá, pidió por el establecimiento de los pisos de alquiler sobre los que luego se calculan los sucesivos aumentos y apuntó que hoy "muchos trabajadores destinan más de un 50% de sus salario a pagar el alquiler" y se preguntó: "Entonces, ¿para quiénes trabajamos?".
Pese al encendido debate, vale destacar que los dos representantes acordaron volver a verse las caras para abordar la problemática y encontrar un punto común para asistir a inquilinos que, de acuerdo con la API, se encuentran bajo contratos que violan la normativa vigente y, en consecuencia, son ilegales en la ciudad y el resto del país.
