Junto a Bruera, fueron juzgados el exsecretario de Planeamiento municipal, Enrique Sette; el exfuncionario Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi. Los tres exfuncionarios están procesados por "asociación ilícita y cohecho", mientras que el empresario debe responder por el presunto pago de una coima. Un cuarto acusado, Raúl Moratti, falleció en tanto en 2018 sin haber sido juzgado. Mientras que por la misma causa ya fueron condenados en juicio abreviado los exempleados municipales Christian Ybarra y Roberto Moreno.
En la última audiencia del juicio, desarrollada el 21 de abril pasado, Bruera se mantuvo en silencio. "No, muchas gracias", fue lo único que dijo cuando el Tribunal Oral Criminal II de La Plata le dio la chance de decir sus últimas palabras.
Tras su puntilloso alegato multimedia, la fiscal de juicio Victoria Huergo requirió duras condenas para los acusados. Sobre Bruera recayó un pedido de detención y una condena a 6 años de cárcel. Para Sette requirió 8 años de prisión y su inmediata detención. Sobre Petró hay un pedido de 4 años de prisión y para el empresario Orlandi, 3 años de ejecución condicional. Como agravantes de la pena, la letrada valoró en el caso de Bruera, Sette y Petró su calidad de funcionarios públicos al momento de los hechos y "las sumas millonarias, tremendas, de dinero que pedían" como sobornos para que se aprobaran los expedientes de rezonificación de tierras en La Plata.
La acusación está apoyada en audios de escuchas telefónicas, mails, análisis de comunicaciones telefónicas, testimonios y prueba documental.
Huergo desplegó una pantalla gigante en la sala de audiencia del fuero Penal plata donde mediante un proyector expuso de manera gráfica cada una de las pruebas que apuntan a los acusados. También reprodujo más de 30 escuchas telefónicas obtenidas durante la etapa de instrucción.
Para la acusación existió una "organización estructurada que rendía dividendos llegando a las más altas esferas" de la administración municipal. Para ello, usaron el Código de Ordenamiento Urbano (COU). "Se valieron de una herramienta legal con fines ilícitos", alegó la funcionaria judicial. También habló de "varias ventanillas" que solicitaban esos sobornos, además de los acusados mencionó a los exfuncionarios Jorge Campanaro y un abogado al que identificó como (Lorenzo Jorge) Tomasi, que por entonces era director general de Servicios Técnico Administrativo.
En reiterados pasajes del primero de los tramos de su exposición recordó que en esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado Roberto Moreno y Christian Ybarra por "asociación ilícita", entre otros delitos; y remarcó la existencia de la polémica planilla Excel a la que calificó como "una organización contable para pedir coimas".
Para Huergo, se trató de un negociado con "cifras millonarias en dólares que nunca pudo ser un negocio exclusivo de los segmentos más bajos de la Municipalidad". Los casos de corrupción son "estructuras enquistadas en las administraciones públicas de casi todo el país", disparó la representante del Ministerio Público y recordó que "nadie pudo identificar que hacía Mariano Bruera en la gestión" al tiempo que lo señaló como una de las "máximas personas de confianza del entonces intendente Pablo Bruera".
PEDIDO DE NUEVA INVESTIGACIÓN
La fiscal de juicio solicitó la apertura de una nueva investigación penal que alcance al exintendente Pablo Bruera, otros exfuncionarios municipales y también a particulares por el presunto pago de sobornos solicitados a propietarios de tierras que buscaron rezonificar sus fracciones con el objetivo de volcarlas al mercado inmobiliario.
En su requerimiento la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la medida también debe alcanzar a Campanaro, exsecretario de Gestión Pública; a los exfuncionarios Ricardo Ridick y Tomasi y los particulares identificados como Bocha Castaña y Darío Ballester. Los nombres de estos ciudadanos aparecen apuntados en la explosiva planilla Excel (que según la fiscalía acredita el pedido de sobornos) secuestrada en el marco de la investigación que llegó a juicio oral
LAS DEFENSAS
El abogado Alejandro Montone fue el primero en exponer sus argumentos para solicitar la absolución. "Fue una tarea por demás compleja porque he tenido que defender a Mariano Bruera de meras conjeturas forzadas carentes de elementos objetivos", comenzó su exposición el defensor, quien sostuvo que en esta causa hubo un "quebrantamiento del derecho a defensa en juicio". Para esa parte durante el debate "no se acreditó la existencia de una asociación ilícita" y "no hay pruebas que apunte a Mariano Bruera" a quien llamó "doctor" en varias partes de su alegato en referencia a su profesión de médico. Además, mostró su enojo con la fiscal quien intentó sumar como prueba la condena dictada por un juez del Tribunal Oral Criminal I de La Plata que recayó sobre Moreno e Ybarra.
Sobre las escuchas telefónicas (que no desconoció) señaló que la expresión "hacer una jugada" por parte de Bruera lo dijo en relación a solucionar un problema para obtener rédito político. En tanto sobre la polémica frase "pasar la gorra para algunos lugares" alegó que se trataba de una colecta para tareas sociales con fines solidarios.
Montone pidió la absolución de su asistido y como planteo subisidiario en caso de condena que se aplique el mínimo de la escala penal del delito de asociación ilícita, es decir, 3 años y que se valoren como atenuantes de la pena que siempre estuvo a disposición judicial, su calidad de médico, que tiene hijos menores y su familia constituida.
En otra audiencia fue el turno del abogado Juan Di Nardo, defensor de Sette, quien en una vehemente exposición atacó cada una de las pruebas de cargo, hizo un análisis pormenorizado del caso, citó doctrina y jurisprudencia para sostener que la acusación es "vaga" y "confusa". "La acusación no respeta las normas de la lógica, existió un filtro selectivo de la credibilidad de las pruebas, la inculpación es una falacia en todo el sentido de la palabra", consideró el defensor. Para esa parte hubo "una acusación dirigida en razón de la función que cumplía" su asistido, quien era secretario de Gestión Pública de la municipalidad de La Plata. Los decretos de rezonificaciones de tierras firmados por el exalcalde Bruera eran refrendados con su firma. "No se puede condenar a una persona por conjeturas, la asociación ilícita es insostenible, no hay bases lógicas en la acusación, es un dislate, nunca vi una cosa igual", disparó con un tono de voz y postura corporal que denotaban una mezcla de bronca y asombro.
Sobre el final de su alegato solicitó la absolución como planteo principal. De manera subsidiaria "y con mucho dolor" requirió la absolución por el beneficio de la duda. En relación a la pena solicitada por la fiscal (8 años de prisión más la detención inmediata) expresó que "viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena". Sette está acusado de asociación ilícita, exacciones ilegales y cohecho pasivo, todos en concurso real. Pero para el abogado, en caso que los jueces entiendan que el acusado es culpable, reflexionó que los delitos concursan de forma "ideal" y solicitó se aplique el mínimo de la escala penal y que se rechace el pedido de detención por falta de argumentación.
"YO QUIERO IR CON ÉL"
Facundo y Fabián Améndola son los defensores del arquitecto Gustavo Petró, exdirector de Planeamiento y Obras Particulares de la municipalidad de La Plata. Según la acusación era el reclutador de la banda que llevaba dueños de tierras para rezonificar, a quienes luego les pedían las coimas.
El primero en alegar fue Facundo Améndola. Recordó que los trámites de rezonificación no pasaban por la oficina de Planeamiento y Obras Particulares que estaba a cargo del acusado. En relación a las dos escuchas telefónicas en las que Petró hablaba con el condenado Roberto Moreno, señaló que el arquitecto "consultaba sobre la factibilidad de urbanizar lote" y que de esos audios "nunca hay pedido de dinero". "Moreno nunca le devolvía las llamadas a Petró", alegó el letrado y sostuvo que es muy raro que al supuesto reclutador de propietarios de tierras a rezonificar no le atiendan el teléfono ni le devuelvan las llamadas.
A su turno Fabián Améndola disparó que le "molesta mucho hablar de lo que fue la instrucción de esta causa", en un claro mensaje al fiscal Jorge Paolini. La investigación "fue una actuación siniestra" ya que "se eligió a quién investigar y a quien no, se eligió investigar a la banda de los perejiles", asestó ante una sala de audiencia que seguía atentamente en silencio sus palabras. "El Ministerio Público Fiscal dejó de lado a Campanaro, Riddick, Tomasi y a todos los particulares", se quejó para luego recordar que "no hay firmas de Petró en los expedientes".
También se refirió al testimonio de Julia Martínez que fue la instructora judicial de la causa. "Descargó la responsabilidad en el fiscal Paolini, trajo una pelea de barrio entre el fiscal y el juez de Garantías", dijo el defensor. En su relato la instructora dijo que no pidieron más intervenciones telefónicas de posibles sospechosos (Jorge Campanaro, Pablo Bruera, Lorenzo Tomasi, Ricardo Riddick) porque creían que el magistrado no las iba a otorgar.
"Las dos escuchas telefónicas de Petró son inocuas para probar la participación criminal, a este señor (en voz alta, señalando a su asistido y ambos con lágrimas en los ojos) le arruinaron la vida, estuvo casi 3 años preso, perdió su trabajo, no tiene casa, casi pierde a su familia", expresó Améndola.
"Si Petró va preso que pidan una celda para dos, yo quiero ir con él", no dudó en sostener sobre el pedido de condena a 4 años de cárcel y luego solicitó su libre absolución. "Si no lo absuelve, voy preso con Petró", cerró su alegato.
La lectura de veredicto será este miércoles en horas del mediodía, según dispuso el tribunal presidido por la jueza Silvia Hoerr con las vocalías de Claudio Bernard y Hernán Decastelli, que definirá el futuro de los cuatro acusados.
