El juicio oral para Mariano Bruera y otros exfuncionarios de la Municipalidad de La Plata se reanudará este lunes con la declaración de un perito particular citado por la defensa del exsecretario de Gestión Pública municipal, Enrique Sette, con el objetivo de desacreditar una planilla Excel hallada en la computadora del un exprocesado (ya fallecido) en la que se detalla cuánto se pedía de coimas en dólares a particulares que querían rezonificar tierras con el objetivo de volcarlas al mercado inmobiliario, y cuánto iba a cobrar cada concejal platense por aprobar esos expedientes.
Juan Di Nardo, abogado defensor de Sette, sostuvo que “finalmente” pudo acceder a la planilla cuestionada y que fue analizada por un licenciado en informática quien adelantó que, según ese profesional, el documento contiene “graves inconsistencias” y solicitó que el futuro informe a presentar sea incorporado como prueba nueva. La fiscal de juicio Victoria Huergo no se opuso, pero aclaró que ella convocará a la exinstructora judicial Julia Martínez y al licenciado en informática y abogado Sergio Carriquiriborde para que den la versión de la acusación y eventualmente se realice un careo.
Durante la investigación se secuestró una computadora del exfuncionario Raúl Moratti en la que se encontró la planilla Excel. Se trata de una de las pruebas claves de la acusación que la defensa intenta por todos los medios desacreditar, pero ese documento ponderado por el fiscal de instrucción Jorge Paolini ya fue avalado por el juez de Garantías del caso y los al menos dos jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que confirmaron toda la investigación.
Además, por este hecho ya fueron condenados en juicio abreviado Christian Ybarra y Roberto Moreno, mientras que se dictó el sobreseimiento del arquitecto Raúl Moratti por extinción de la causa penal a raíz de su fallecimiento en el año 2018. En una computadora del fallecido se encontró el documento donde se detalla el monto de soborno a solicitar (unos 10mil dólares por hectárea para rezonificar), cuánto iba a cobrar cada concejal del oficialismo y la oposición para dar quórum en el Concejo Deliberante y votar por la aprobación de cada expediente. Estos datos, se cree, corresponden a los cuerpos deliberativos de los años 2009/2011 y 2011/2013. Esa trama del caso no fue abordada en la investigación y los delitos ya estarían prescriptos por el paso del tiempo.
La causa se inició en el año 2014 tras la denuncia de Guillermo Andreau, quien intentó cambiar la zona asignada a sus tierras con el objetivo de lotearlas y ponerlas a la venta para beneficiarios del exitoso plan nacional de viviendas Procrear impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La causa fue un escándalo. A tal punto que el entonces funcionario nacional Diego Bossio llegó hasta la capital provincial para aclarar el gobierno federal era ajeno a la maniobra, poner a disposición judicial toda la documentación que requiriera y ayudar a que los beneficiarios del plan de viviendas puedan avanzar en la concreción de la escrituración de sus lotes y viviendas.
Según la causa penal, cuando Andreau empezó con los trámites le solicitaron un soborno de unos 200.000 dólares para que el expediente sea aprobado.
Junto a Bruera y Sette son juzgados Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi.
CONTEXTO DE EXPEDIENTE
Tal como informó este medio la acusación está estructurada en escuchas telefónicas en las que se escucha a Mariano Bruera (hermano de Pablo, exintendente de La Plata) ordenar “pasar la gorra” y hacer “jugaditas” junto a un exempleado del área de Planeamiento Urbano, Roberto Moreno, quien ya fue condenado en el marco de un juicio abreviado. Esta condena pone contra las cuerdas al resto de los acusados.
Julia Martínez fue la instructora judial del caso. En su primera declaración confirmó que en el año 2014 ella y el fiscal Jorge Paolini le tomaron la denuncia a Guillermo Andreau quien se presentó en la sede de la ex Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata para evidenciar que desde la comuna local le solicitaron un suculento soborno, en rigor, le pedían 220 mil dólares para rezonificar dos terrenos (uno en Los Hornos y otro en City Bell) que el denunciante quería lotear y poner a la venta a beneficiarios del plan Procrear.
En las intervenciones realizadas sobre el teléfono de Moreno se lo escucha a Mariano Bruera que le ordena: “Tenés que salir a pasar la gorra”. En ese celular estaba agendado el contacto de Bruera, quien utilizaba un teléfono que no estaba a su nombre, sino de un familiar quien tenía varios equipos bajo su titularidad, pero su identidad se mantendrá en reserva porque no fue parte de la investigación que llegó a juicio.
En otra escucha se lo oye a Bruera sugerirle a Moreno que “podemos hacer una jugadita, yo te banco” en relación a la rezonificación de unos terrenos en la zona norte del Gran La Plata, lo que podría demostrar el sostenimiento político de Bruera en relación a Moreno.
“Moreno y Bruera hablaban en claves como ‘pasar la gorra’, ‘hacer una jugadita’”, explicó la funcionaria judicial Julia Martínez, quien recordó que en otra intervención realizada sobre el celular del fallecido Raúl Moratti éste le decía a una mujer que quería rezonificar tierras: “Si tenés algún tema directo yo trabajo con (Enrique) Sette, si tenés algo más gordo lo hablo con Mariano Bruera”.
Durante la investigación se allanaron varias oficinas del Palacio Municipal. En el despacho de Moreno se secuestró el expediente de rezonificación de media hectárea que había iniciado el empresario Orlandi a quien le pedían 10 mil dólares de soborno. En una escucha entre Moratti e Ybarra se oye: “Le vamos a hacer una rebaja”. El empresario está señalado por “cohecho activo”, es decir, pagar un soborno.
En otra intervención sobre el teléfono de Moreno se estableció que Gustavo Petró lo consultaba “por rezonificaciones”. Petró fue director de Obras Particulares, cargo al que renunció en diciembre de 2013, pero según refirieron trabajadores de esa oficina “seguía cumpliendo funciones, iba todos los días a su oficina”. Por esa escucha y esos testimonios es que está acusado de “asociación ilícita”.
Fuentes judiciales señalaron que “resulta poco creíble que semejante nivel de organización termine solo en los empleados ya condenados y en el arquitecto fallecido, esos dineros subían a esferas más altas de la exgestión bruerista”.
UNA VOZ EN EL TELÉFONO
Los allanamientos y las escuchas telefónicas son dos de las herramientas que tienen los investigadores para avanzar en las denuncias de casos de corrupción. Una de las dudas que flota en el fuero Penal de La Plata es por qué el fiscal Paolini no pidió la intervención telefónica del teléfono de Mariano Bruera. Esa pregunta fue realizada por el juez Claudio Bernard a la testigo Martínez que dio una respuesta para el asombro: “Con la negativa de juez del caso a la prórroga de las escuchas telefónicas al teléfono de Moreno interpretamos que el juez no iba a ordenar la intervención de los teléfonos de Sette y Mariano Bruera”, recordó la funcionaria judicial
En la primera parte de su testimonio, Martínez recordó que el exfuncionario Jorge Campanaro “aparece mencionado en escuchas telefónicas” y en otras se lo escucha al exladero del intendente Pablo Bruera decir: “Vos quedate tranquilo”. Este dato complementa la versión aportada por el denunciante Andreau quien en su testimonio de la primera audiencia del juicio oral dijo que Campanaro le expresó: “Esto (pagar el soborno) es una colaboración que hay que hacer, déjame que lo voy a hablar con Pablo” y luego la víctima del soborno recordó que la respuesta fue “ahora Pablo Bruera está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer”. Todo esto quedó plasmado en la Investigación Penal Preparatoria y fue confirmado en todas las instancias. Además, quedó registrado en la filmación del debate en curso que dispuso el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado para este caso por la jueza Silvia Hoerr y sus pares Claudio Bernard y Hernán Decastelli.
Otro de los puntos oscuros del caso en general fue el escenario encontrado durante los allanamientos en el Palacio Municipal. “Estaba todo limpio y ordenado en los despachos”, recordó la testigo. Se sospecha que alguien dio aviso de los allanamientos que iban a realizarse. En la causa existe un informe de la instructora que detectó un llamado telefónico de un juez de Garantías ajeno a la causa con un exfuncionario municipal. El juez natural del caso ordenó la apertura de una investigación, pero esa causa fue archivada. Si en este juicio oral aparecen nuevos elementos de prueba ese expediente se puede reflotar para que avance la investigación sobre ese magistrado cuyo nombre se mantiene en reserva ya que no fue imputado de ningún delito.
