La fiscal de juicio de La Plata Victoria Huergo solicitó la apertura de una nueva investigación penal que alcance al exintendente Pablo Bruera, otros exfuncionarios municipales y también a particulares por el presunto pago de sobornos solicitados a propietarios de tierras que buscaron rezonificar sus fracciones con el objetivo de volcarlas al mercado inmobiliario.
El requerimiento fue realizado este mediodía en el marco de los alegatos por el juicio oral que se le sigue a Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y Gustavo Orlandi. Los tres primeros están acusados de asociación ilícita y el empresario de cohecho activo, es decir, pagar una coima.
La Municipalidad de La Plata impulsa una campaña para reforzar conductas responsables y disminuir la cantidad de víctimas en calles y avenidas.
Un auto se incrustó en el frente de una residencia estudiantil en La Plata en un accidente de tránsito, y reparar los daños cuesta casi 4 millones de pesos.
En su planteo, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la medida también debe alcanzar al exsecretario de Gestión Pública Jorge Campanaro, a los exfuncionarios Ricardo Ridick, Lorenzo Jorge Tomasi y los particulares identificados como “Bocha” Castaña y Darío Ballester. Los nombres de estos ciudadanos aparecen apuntados en la explosiva planilla Excel (que según la fiscalía acredita el pedido de sobornos) secuestrada en el marco de la investigación que llegó a juicio oral cuyo veredicto se conocerá el 31 de mayo al mediodía según dispuso el Tribunal Oral Criminal (TOC) II de La Plata.
En esa misma planilla también se detalla cómo sería el reparto del ilegal dinero solicitad entre todos los integrantes del Concejo Deliberante de La Plata, sin distinción de oficialistas ni opositores, entre los años 2009 y 2013.
En ese documento al que accedió 0221.com.ar figuran los nombres de los propietarios de las tierras, la cantidad de hectáreas a rezonificar para su posterior loteo y venta en el mercado inmobiliario y el pedido de sobornos para que avancen esos expedientes durante las intendencias de Pablo Bruera. También en esa misma planilla figuraba el valor del soborno por hectárea (unos 20 mil dólares) pero esa cifra era decreciente a medida que se sumaban hectáreas.
También se mostraba una fórmula para calcular la coima y el estado de cada una de las negociaciones espurias que realizaban con los propietarios. Además, figuraba la cotización del dólar para calcular la pesificación de los sobornos a solicitar. Según la fiscal esa planilla fue una “organización contable para pedir coimas”.
En la primera parte de su alegato la fiscal Huergo aseveró en base a las pruebas del expediente que se trató de una “organización estructurada que rendía dividendos llegando a las más altas esferas” de la administración de Pablo Bruera.
En relación a Jorge Campanaro sostuvo que el exfuncionario “no ignoraba lo que ocurría en la municipalidad de La Plata y quería tomar el caso” del denunciante Guillermo Andreau “para su ventanilla”.
Para la acusación era “casi imposible” que desde la administración municipal se dictaran decretos de rezonificación de tierras “sin el pago” de sobornos. “Solo tenían resolución favorable los que pagaban la coima”, concluyó.
“Estas estructuras enquistadas en las administraciones públicas de casi todo el país generan situaciones perversas, recortan las posibilidades a los particulares, el que no pagaba no tenía chances”, enfatizó Huergo en el segundo tramo de su alegato desarrollado en la tarde del 17 de abril último.
En la legislación actual no solo es delito solicitar una coima, también lo es pagarla, por ese motivo es que la investigación llega a los particulares. Una de las medidas que se deberá tomar es citar a los propietarios de las tierras rezonificadas en un período de tiempo de la gestión Bruera que deberán determinar con precisión los investigadores judiciales.
El pedido de la fiscal debe ser resuelto por la jueza Silvia Hoerr junto a sus pares Claudio Bernard y Hernán Decastelli.