Cómo se movía la banda. Cómo liberaban zonas. Cómo llegó el exjuez de Garantías de La Plata César Melazo a la casa de un ladrón a recuperar botines de los hechos. Todo esto (y más) contienen las declaraciones de tres testigos que con sus relatos abrieron la etapa de producción de prueba en la segunda audiencia del juicio oral a una “megabanda criminal” en la que, se supone, maridan exmagistrados, policías, ladrones, narcos y sicarios. El exmagistrado no estuvo en la audiencia de juicio al que volverá para participar de las audiencias cuando declaren los testigos propuestos por esa parte.
La primera en declarar fue Nadia Mariscal, expareja de Juan Roberto Farías un integrante de la banda que fue asesinado -se cree- en un ajuste de cuentas interno de la empresa criminal conjunta, fue quien abrió la grilla de testigos. En su extensa declaración dio detalles precisos de cómo actuaba la banda, cómo elegían los blancos y, si algo salía mal, acudían al asesoramiento de Melazo.
En su declaración ante la fiscal de instrucción, Betina Lacki, la mujer dijo: “Muchos de estos hechos se trataban de llevar a cabo cuando ese juzgado estaba de turno, ya que les garantizaba que si algo salía mal lo podían solucionar”. Ssí de contundente fue el testimonio que puso en el ojo de la tormenta al exjuez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, quien renunció a su cargo luego de un pedido de juicio político.
También declararon Juan y Oscar Farías, padre y hermano de la víctima, quienes confirmaron lo dicho por la testigo. En tanto el hermano de la víctima dio detalles de “cómo lo incitaron a robar en la casa del técnico de fútbol Roberto Zapata, después le dijeron que no porque Melazo no quería, el robo lo hicieron igual y se lo endilgaron a Juan, por eso lo mataron”, señalaron fuentes judiciales.
En la lista de acusados, junto a Melazo, se anotan el excomisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas) y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa); Adrián "Quichua" Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo); Carlos "Macha" Barroso Luna; Héctor "Pepe" Vega, Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández y Enrique Edgardo "Quique" Petrullo.
En tanto los acusados Javier Ronco (asistido por el abogado César Albarracín) y Ángel Custodio "Pipi" Yalet, con la defensa de Christian Romano, acordaron penas de prisión de 4 y 3 años respectivamente. Ambos fueron detenidos por esta causa en julio de 2018 y ya cumplieron con sus condenad. Yalet recuperó la libertad, pero Ronco sigue detenido acusado de un doble homicidio en La Plata. Lleva más de 8 años con prisión preventiva y su caso fue llevado a estrados internacionales por su abogado Albarracín.
Según se desprende de la investigación penal, los procesados integraban una banda de delincuentes que "tomaron parte de una asociación" ilícita destinada a cometer "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas" y precisó que "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial". El resto, a criterio de la fiscal, "conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos".
La división de roles que surge del expediente indica que los policías Bursztyn y Mena liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas; Bertoni marcaba potenciales víctimas y ayudaba con los vehículos robados mellizos haciendo pasar choques de los autos de los integrantes por otro siniestro. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.
El expolicía Mena y Manes vendían drogas. En tanto, Petrullo -siempre según el expediente judicial- era uno de los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui quien, se sospecha, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. El magistrado fue notificado de la investigación, pero no fue detenido porque posee fueros, pese a que fue suspendido por la Suprema Corte bonaerense. Este lunes 5 de septiembre fue destituido de su cargo y detenido en City Bell tras el juicio político donde el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand, solicitó su expulsión de Poder Judicial.
La causa fue elevada para su debate oral y público y quedó radicada en el TOC II de La Plata, integrado para estos expedientee por Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali.
La acusación oficial es de los fiscales Victoria Huergo y Mariano Sibuet. Junto a ellos estarán los abogados Damián Barbosa y Sebastián Bouvet en representación de la familia de Juan Roberto Farías, víctima de homicidio, se sospecha, por parte de los integrantes de la banda que contarían con protección judicial.
Las defensas están en manos de los abogados Bruno Strassera, Christian Romano, Juan Pesquera, César Albarracín, Marcelo Peña, Adrián Mazzocchini y Laura Corporaal junto a las defensoras oficiales Victoria Palomino y Ana Julia Cova.
LA GÉNESIS
A mediados del año 2014 la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata cambió de titularidad. El fiscal Tomas Morán (hoy detenido) pasaba al área de Flagrancia y al poco tiempo de esa mudanza de funciones, se jubiló. Su lugar fue ocupado por la fiscal Betina Lacki, quien ya contaba con más de 15 años de experiencia como instructora judicial y fiscal de Flagrancia. La funcionaria nunca se imaginó ni en sus peores pesadillas lo que ocurría en varios expedientes judiciales que se apilaban en los anaqueles de esos despachos del viejo edificio de Vialidad provincial, de avenida 7 entre 56 y 57.
A poco de hacerse cargo de la fiscalía notó varias irregularidades. Su predecesor en el cargo no utilizaba el Servicio Informático del Ministerio Público (SIMP), herramienta digital para seguir el decurso de los expedientes en el fuero Penal. Había una orden de Moran a sus empleados de no utilizarlo. Mientras comenzaba a emprolijar el funcionamiento de la repartición, la fiscal recibió la visita de los padres de Juan Farías, asesinado en un presunto ajuste de cuentas en la madrugada del 1 de diciembre de 2010, en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Querían saber si había avances en la investigación. Por este hecho están acusados Bursztyn (como instigador del hecho), Mena, Manes y Vega (autores del crimen) mientras que Barroso Luna y Fernández "resultan ser partícipes necesarios del mismo", según la fiscalía de juicio.
"Costó mucho encontrar ese expediente", recordó la fiscal Lacki en su testimonio brindado en el marco del juicio político al juez de Casación bonarense, Martín Manuel Ordoqui. A poco de comenzar a estudiar el expediente (uno de los tantos de la pesada herencia recibida) notó situaciones extrañas. Comenzó a sospechar de una presunta connivencia policial. Ante este panorama corrió a la Policía bonaerense del caso y requirió el auxilio de fuerzas federales. "Fue una larga batalla pero se consiguió primero el apoyo de la Policías de Seguridad Aeroportuaria y después de la Policía Federal", recordaron las fuentes del caso consultadas.
Las sospechas se convirtieron en realidad. Las escuchas telefónicas realizadas a integrantes de la banda y a jueces subieron al escenario una compleja empresa criminal, con roles bien determinados y para todo servicio. Tal vez, una verdadera asociación ilícita.
