La defensa del exsindicalista y extitular de UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, se opuso a que se dicte la nulidad de la cámara oculta en la que quedó registrada la polémica reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal junto a seis empresarios del rubro de la construcción y tres exfuncionarios y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se juntaron para avanzar en acciones para investigar las presuntas extorsiones de parte del gremialista.
El pedido de nulidad es impulsado por el exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Patricio Grassi, quien sostuvo que nunca supo de la existencia de ese registro fílmico hasta que salió a la luz por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a fines del año pasado lo presentó oficialmente en la justicia Federal de La Plata y fue el inicio de la causa que tramita en el juzgado federal 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak.
Este video resulta ser una pieza central del caso. Gracias a esa filmación se logró establecer quiénes participaron de la reunión. Todos los copartícipes fueron imputados. Ya declararon los seis empresarios y todos los representantes del arco político a excepción del senador Juan Pablo Allan, quien deberá hacerlo en los próximos días.
La defensa de Grassi argumentó que “el registro de audio y video que se acompañó a la denuncia inicial sería ilegítimo, por haber sido obtenido por la AFI sin autorización ni orden judicial”. Además señaló que la ausencia de orden judicial “lo tornaría directamente delictivo”, por haberse violado varios artículos de la Ley de Inteligencia Criminal, entre otros argumentos.
El abogado César Albarracín, defensor del exsindicalista Medina, se opuso a la nulidad de ese registro. Para esa parte es demostrativo de que existió una persecución ilegal para encarcelar a su asistido y barrerlo del mapa gremial provincial, por el solo hecho de ser opositor a los gobiernos nacional, provincial y municipal durante el período 2015/2019.
En un puntilloso documento judicial el letrado desplegó toda su batería de argumentos. Consideró que la filmación no viola “la expectativa de privacidad” en reuniones de funcionarios público, el encuentro no fue en un lugar privado (instalaciones del Banco Provincia); la reunión “tampoco tenía por objeto” el tratamiento de cuestiones íntimas o personales; no se trató de actividad individual ni de un encuentro entre dos, tres o más sujetos unidos por una relación personal previa, sino de una reunión con múltiples participantes (15 en total), muchos de los cuales ni siquiera se conocían desde antes entre sí; la mayor parte de los intervinientes revestía condición de funcionario público; la presencia de todos los intervinientes deriva de su función, rol o representación institucional; no se trató de una grabación oculta, obtenida mediante ardid, engaño ni en forma subrepticia, mucho menos se advierte que alguno de los asistentes estuviera o pudiera sentirse presionado para participar de la reunión o decir lo que dijo; el registro no tuvo finalidad investigativa; la grabación no fue realizada por terceros, sino decidida y concretada por los propios organizadores de la reunión y presentes en ella; la registración de la reunión tampoco importa actividad de espionaje, entre otros fundamentos desarrollados en el escrito judicial al que accedió 0221.com.ar.
El letrado también consideró que “no es cierto que no existieran cursos de investigación independiente” ya que a la fecha de la reunión (junio de 2017) se estaban instruyendo investigaciones contra Medina en la justicia Penal de La Plata y en el fuero Federal de Quilmes.
En otro pasaje del documento señala que “no hubo injerencia arbitraria sobre ningún ámbito de privacidad” y “no hubo espionaje contra Adrian Grassi ni los presentes en la reunión”, cada argumento con su respectivo desarrollo.
Desde el inicio de la investigación que lleva adelante el juez Kreplak las defensas intentan que la causa pase a los tribunales federales ubicado en Comodoro PY al 2002 del barrio porteño de Retiro.
En la causa se investiga "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de UOCRA seccional La Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente.
En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".
La investigación intenta determinar si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron "violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia".
Los últimos tres imputados convocados a indagatoria para esta primera parte de la investigación son el exjefe de Gavinete de la AFI, Darío Biorci, quien hoy se negó a declarar; el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destefano (ligado al expresidente de Boca, Daniel Angelici, una de las personas de máxima confianza del expresidente Mauricio Macri), y el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, citados para el 29 y el 31 de marzo respectivamente.
