El exsindicalista de UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, se opone a que la causa en la que se investiga una presunta mesa judicial en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de perseguirlo y encarcelarlo radicada en la justicia federal de La Plata pase a los tribunales federales porteños ubicado en Comodoro Py, donde los acusados ligados al macrismo cuentan con un panorama más favorable en su estrategia de despegarse del caso. El abogado César Albarracín se opuso a tres declinatorias de competencia que parte de los indagados impulsas en los juzgados federales 3, 6 y 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las defensas de varios acusados plantearon declinatorias de competencia e inhibitorias. La defensa de Medina, en una de las oposiciones echa luz sobre este cruce de presentaciones y señala que: “De corroborarse, la presentación paralela de dos pedidos contradictorios (que la causa 18933/21 vaya al Juzgado 4 y, por otro lado, que vaya al Juzgado 8) no sólo atentaría contra la buena fe y economía procesal, sino que entraría en virtual colisión con la norma clara del artículo 45” del Código Procesal Penal de la Nación. Este artículo, especialmente su segundo párrafo, “establece como condición de admisibilidad de los planteos de competencia que quien opta por una vía (la de la inhibitoria), no acuda a otra en forma paralela (la declinaría). La razón es clara. La multiplicación de pedidos sobre el mismo objeto importa por un lado un desgaste jurisdiccional y, por otro lado, puede favorecer pronunciamientos contradictorios”.
La causa que preocupa al sector PRO de Juntos por el Cambio está radicada en el Juzgado Federal 3 de La Plata, donde fueron indagados seis empresarios, dos exfuncionarios de la gestión de María Eugenia Vidal durante su paso al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el intendente de La Plata Julio Garro y fueron citados tres exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que revistieron durante el mandato del expresidente Mauricio Macri.
La denuncia presentada por la abogada Cristina Caamaño, interventora de la AFI, fue radicada en La Plata. El video aportado como prueba fue filmado en suelo porteño, en la sede del Grupo Bapro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa por la que el exsindicalista Medina fue detenido a la espera del juicio oral por “asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero”, se instruyó en Quilmes.
Con ese piso de marcha en la pelea por la jurisdicción ya se presentaron varios pedidos para que la causa se tramite en los tribunales de Comodoro Py, ámbito judicial Pro friendly, donde el macrismo encuentra tierra fértil para sembrar y cosechar. No obstante, habrá resistencia. “El juez Kreplak rechazará los pedidos de apartamiento”, anuncian desde los pasillos judiciales y recuerdan que ya lo hizo con la causa de presuntos aportantes truchos de Cambiemos. “No se descarta que lo haga en esta nueva trama”, sostienen los más prudentes. Si Kreplak es apartado pero se define que la causa quede en La Plata, el otro juez disponible es Alejo Ramos Padilla, la pesadilla para el macrismo: fue el magistrado que investigó la trama de espionaje paraestatal cuando estaba al frente del juzgado Federal de Dolores y rechazó los tarifazos al servicio de gas.
ANTECEDENTES
El macrismo cuenta con referencias favorables en materia de mudanzas de causas, una especie de fórum shopping judicial. El expediente por presunto espionaje ilegal sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (junto a una larga lista de dirigentes opositores y también aliados al macrismo) que comenzó a investigarse en el fuero Federal de Lomas de Zamora, terminó en los tribunales porteños por orden de la Cámara de Casación Federal, otra guarida judicial en sintonía fina con la coalición de Juntos por el Cambio.
Fuentes judiciales consultadas por 0221.com.ar no descartaron que el expediente platense corra la misma suerte y termine en el edificio ubicado en Comodoro Py al 2002, del barrio porteño de Retiro. “Cuando la causa llegue a Casación, ahí tienen todo listo para correr el juez Kreplak y ordenar el cambio de jurisdicción”, vaticinaron las calificadas fuentes consultadas que tienen acceso directo a todos los expedientes.
En la causa se investiga "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de UOCRA seccional La Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente.
En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".
La investigación intenta determinar si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron "violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia".
Los últimos dos imputados convocados a indagatoria para esta primera parte de la investigación son el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destefano, y el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, citados para el 29 y el 31 de marzo respectivamente.
