La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó cuatro audiencias públicas para tratar causas de alto impacto. Durante los encuentros se resolverán casos de uso de cannabis medicinal, temas de medio ambiente como el conflicto entre la conservación del yaguareté y la explotación económica; el derecho al olvido en Internet y las relaciones con los brokers inmobiliarios.
Los temas para las audiencias fueron definidos por los jueces al cabo del primer acuerdo de 2022, que se celebró tras la marcha convocada por un sector del oficialismo nacional en la que se reclamaba la renuncia de los magistrados y antes de otra manifestación de la oposición a favor del máximo tribunal realizada en la tarde del último viernes.
El gobeierno nacional realizará una transferencia para sostener las frecuencias de los micros en el AMBA en medio de la crisis por costos y deudas con el sector.
El INDEC informó una inflación de 3,4% en marzo, el registro mensual más alto de 2026, con subas en alimentos y servicios que impactan en el costo de vida.
En las audiencias, según informó La Nación, participarán los abogados de las partes en disputa y expondrán sus casos ante los jueces de la Corte y el público. Podrán presentarse amigos del Tribunal (amicus curiae) y los magistrados podrán interrogar a las partes para dictar, al cabo de los encuentros, una sentencia escrita.
La Corte tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales, según está establecido en la ley 27.350. Pero además se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad con patologías.
Otro de los asuntos previstos es el derecho al olvido. Teniendo en cuenta los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (derecho a la intimidad) de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en links específicos, que aluden a la privacidad de las personas por hechos del pasado. Por ejemplo, los casos de quienes fueron detenidos o acusados de un delito y más tarde fueron sobreseídos.
El otro asunto que tratará la Corte es ambiental: la preservación de especies en peligro de extinción versus la actividad económica, en particular por el Yaguareté. En el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.
La Corte tratará además causas relacionadas con corredores inmobiliarios, analizando conflictos sistémicos producidos entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional. Es que la de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y los conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Lo que se encuentra en debate es si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando a su vez alcanzado el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita.
La demás causas específicas que tratará la Corte y sus fechas de audiencia se darán a conocer oportunamente. En su acordada 30 de 2007, la Corte Suprema de Justicia reguló la realización de audiencias de carácter público con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho. Las audiencias tienen el objetivo de garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que la Corte lleva adelante los procesos y desde que fueron instauradas se convocaron 37 audiencias públicas sobre diversos casos de interés general.