Con la declaración de los últimos testigos (la mayoría policías federales) y la incorporación de nueva prueba documental finalizó el juicio oral para el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo y el resto de los acusados de conformar una asociación ilícita. Una parte de esa empresa criminal también está acusada de cometer el crimen de Juan Farías, un exintegrante de la banda que, según se sospecha, lo asesinaron en el marco de un ajuste de cuentas interno. En los próximos días se conocerá la fecha de inicio de los alegatos. Como se sabe y es de rigor, comenzará la parte acusadora. Luego, habrá un intervalo de días solicitado por las defensas para exponer sus hipótesis del caso. La resolución se conocerá sobre el cierre del año o en 2023 luego de la feria judicial de verano.
Los últimos testigos en declarar fueron policías que participaron en el allanamiento de la vivienda de Enrique "Quique" Petrullo. Cuatro de los efectivos que participaron de procedimiento confirmaron que no hubo resistencia por parte del acusado y que de la casa ubicada en la localidad de City Bell se llevaron computadoras y teléfonos celulares.
También expuso un testigo de la defensa de Martín Fernández quien confirmó que el acusado tenía una flota de teléfonos y radio Nextel. Esta versión robustece la hipótesis de la defensa que sostiene que uno de los teléfonos utilizados por los asesinos no estaba en poder de acusado, sino que se lo había dado a un amigo.
Una vez finalizada la prueba los jueces consultaron a las defensas si sus asistidos aceptaban declarar en el juicio y someterse a las preguntas de las partes, pero los acusados optaron por el silencio. Cabe recordar que el negarse a declarar en una causa penal no implica presunción de culpabilidad, es un derechos que tiene toda persona sometida a proceso. En al audiencia estuvieron presentes caso todos los acusados, el único que no lo hizo fue el exjuez quien es asistido por los abogados Christian Romano y Juan Pesquera.
En la lista de acusados junto al exmagistrado y los mencionados se anotan el excomisario mayor Gustavo Bursztyn y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena; Adrián "Quichua" Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo); Carlos "Macha" Barroso Luna; Héctor "Pepe" Vega, y el policía Marcos Chiusaroli.
Según se desprende de la investigación penal, los procesados integraban una banda de delincuentes que "tomaron parte de una asociación" ilícita destinada a cometer "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas" y precisó que "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial". El resto, a criterio de la fiscal, "conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos".
La división de roles que surge del expediente indica que los policías Bursztyn y Mena liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas; Bertoni marcaba potenciales víctimas y ayudaba con los vehículos robados mellizos haciendo pasar choques de los autos de los integrantes por otro siniestro. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Javier Ronco (condenado en juicio abreviado), Ángel Custodio "Pipi" Yalet (condenado en juicio abreviado), Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.
El expolicía Mena junto al civil Manes vendían drogas. En tanto, Petrullo -siempre según el expediente judicial- era uno de los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui quien, se sospecha, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. El magistrado fue destituido de su cargo tras el juicio político donde el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand, solicitó su expulsión de Poder Judicial.
La acusación oficial es de los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo. Junto a ellos están los abogados Damián Barbosa y Sebastián Bouvet en representación de la familia de Juan Roberto Farías, víctima de homicidio, se sospecha, por parte de los integrantes de la banda que contarían con protección judicial.
El juicio oral es controlado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) II de La Plata, integrado para estos expediente por Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali.
LA GÉNESIS
A mediados del año 2014 la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata cambió de titularidad. El fiscal Tomas Morán (hoy detenido) pasaba al área de Flagrancia y al poco tiempo de esa mudanza de funciones, se jubiló. Su lugar fue ocupado por la fiscal Betina Lacki, quien ya contaba con más de 15 años de experiencia como instructora judicial y fiscal de Flagrancia. La funcionaria nunca se imaginó ni en sus peores pesadillas lo que ocurría en varios expedientes judiciales que se apilaban en los anaqueles de esos despachos del viejo edificio de Vialidad provincial, de avenida 7 entre 56 y 57.
A poco de hacerse cargo de la fiscalía notó varias irregularidades. Su predecesor en el cargo no utilizaba el Servicio Informático del Ministerio Público (SIMP), herramienta digital para seguir el decurso de los expedientes en el fuero Penal. Había una orden de Moran a sus empleados de no utilizarlo. Mientras comenzaba a emprolijar el funcionamiento de la repartición, la fiscal recibió la visita de los padres de Juan Farías, asesinado en un presunto ajuste de cuentas en la madrugada del 1 de diciembre de 2010, en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Querían saber si había avances en la investigación. Por este hecho están acusados Bursztyn (como instigador del hecho), Mena, Manes y Vega (autores del crimen) mientras que Barroso Luna y Fernández "resultan ser partícipes necesarios del mismo", según la fiscalía de juicio.
"Costó mucho encontrar ese expediente", recordó la fiscal Lacki en su testimonio brindado en el marco del juicio político al juez de Casación bonarense, Martín Manuel Ordoqui. A poco de comenzar a estudiar el expediente (uno de los tantos de la pesada herencia recibida) notó situaciones extrañas. Comenzó a sospechar de una presunta connivencia policial. Ante este panorama corrió a la Policía bonaerense del caso y requirió el auxilio de fuerzas federales. "Fue una larga batalla pero se consiguió primero el apoyo de la Policías de Seguridad Aeroportuaria y después de la Policía Federal", recordaron las fuentes del caso consultadas.
Las sospechas se convirtieron en realidad. Las escuchas telefónicas realizadas a integrantes de la banda y a jueces subieron al escenario una compleja empresa criminal, con roles bien determinados y para todo servicio. Tal vez, una verdadera asociación ilícita.
