El Gobierno nacional estableció los montos a distribuir entre los partidos políticos de cara a las elecciones legislativas de este año, cuyo total supera los 335 millones de pesos y se pagará en dos cuotas en mayo y septiembre. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 24/2021 de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, publicada en el Boletín Oficial, con la firma de la secretaria de Asuntos Políticos Patricia García Blanco.
En el texto se indica que "resulta conveniente fraccionar el pago anual en dos (2) cuotas iguales a ser abonadas durante los meses de mayo y septiembre del año en curso".
De acuerdo a lo detallado en el Boletín Oficial, para determinar la suma que percibirá cada agrupación política se debe tener en cuenta la Asignación Fondo Partidario Permanente contemplada en la Ley de financiamiento de partidos políticos N° 26.215.
Los recursos disponibles para el desenvolvimiento institucional se distribuirán, entonces, de la siguiente manera:
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Veinte por ciento (20%), en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos. Este año, la suma disponible contemplada en este criterio es de $ 67.113.704.
Ochenta por ciento (80%), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de votos equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral.
En los considerandos de la Resolución, además, se detalla que por ejemplo, en el orden nacional, corresponden al Partido Justicialista (PJ) $13.704.856,25, a Propuesta Republicana (PRO) $9.888.217,30, a la Coalición Cívica-ARI $2.857.945,40 y a la Unión Cívica Radical (UCR) $7.470.312,71, entre otros.
La resolución añade que "el monto total a distribuir en concepto de aporte para desenvolvimiento institucional para el año 2021, asciende a $335.568.522,49" y también explica que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Gestión del Fondo Partidario Permanente de la Dirección de Financiamiento Partidario Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral, "de la distribución que se practica deben excluirse aquellos partidos políticos sobre los que se haya dictado una resolución judicial que decrete la pérdida de derecho a estos aportes".