La Suprema Corte puso a consideración un proyecto sobre herramientas digitales en el ámbito judicial y recibirá aportes hasta agosto.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires habilitó una consulta participativa para avanzar en la regulación del uso de inteligencia artificial dentro de la Justicia. La iniciativa fue oficializada mediante resoluciones que difundieron un proyecto de reglamento y establecieron un período para recibir observaciones de distintos sectores vinculados a la actividad.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto. Durante ese plazo, magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, instituciones académicas y otros interesados podrán presentar comentarios y sugerencias sobre la propuesta que busca establecer criterios para el desarrollo y uso responsable de estas tecnologías.
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El proyecto también prevé la creación de la "Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial (IA)", organismo que tendrá a su cargo funciones de aplicación vinculadas a la futura normativa. El espacio estará integrado por áreas de planificación, tecnología informática y servicios jurisdiccionales de la Suprema Corte.
La disposición establece que, mientras no exista una versión definitiva aprobada, el contenido del reglamento tendrá carácter orientador y no vinculante. Además, la comisión creada deberá elevar un informe al Tribunal con las opiniones recibidas durante la consulta y los aportes elaborados por las secretarías actuarias.
El texto señala que la utilización de sistemas de inteligencia artificial no libera de responsabilidad a quienes intervienen en los actos judiciales. También indica que los operadores deberán ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado sobre los resultados producidos por esas herramientas, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a los proveedores.
La propuesta remarca que la función jurisdiccional es indelegable e insustituible. En ese marco, establece que ninguna inteligencia artificial podrá asumir decisiones judiciales, valorar pruebas ni elaborar razonamientos jurídicos para fundamentar resoluciones o sentencias. Asimismo, dispone que el tratamiento de datos personales deberá ajustarse a la Ley Nº 25.326 de protección de datos.