La debacle económica que resultó de la pandemia y se sumó a la crisis del 2018, atrapó a cientos de familias en una espiral de cuotas impagables por los préstamos regidos por la Unidad de Valor adquisitivo (UVA) que tomaron para construir sus hogares. En el 2017 se crea el programa de créditos regidos por la Unidad de Valor adquisitivo (UVA) para la compra o reforma de viviendas accesibles a las personas que soñaban con tener su casa propia.
En ese marco, Paula Figueroa, una referente hipotecada UVA, contó cómo fue atravesar la pandemia con una deuda que nunca dejó de crecer. "Con el crédito compré una casita en Los Hornos, con 40 años de vida, no una casa nueva. Una deuda de 2 millones hoy se aproxima a los 8 millones. En mi caso, de cuotas de 16.000 pasé a deber 54.000", explicó en diálogo con 221Radio, mientras empezaba a contar el calvario que vive desde que tomó el préstamo.
Cada UVA equivale a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda, que en 2017 comenzó en $14 y ajora se ubica en $75. El valor se actualiza diariamente en función a la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor. La inflación de los últimos años y la crisis que dejó la pandemia de coronavirus quebró la brecha entre los ingresos de los tomadores de los créditos y el pago de los préstamos. El poder adquisitivo de la población no aumentó sobre la base de la suba desmedida de las cuotas y el resultante es que hoy las familias deben acumularse en la categoría de morosos para el BCRA (Banco Central de la República Argentina) y muchos corren el riesgo de quedarse en la calle.
"Este crédito es usurario, todo equilibrio que debe regir en un contrato voló por los aires. No puede ser que en el 2017 se otorga la mayoría de créditos y en el 2021 tiene un aumento aplicado del 400%", puntualizó Figueroay agregó lapidaria: "No hay una economía de hogar que pueda acompañar este ritmo de crecimiento de cuotas. Una cuota de 10.000 pesos hoy está pagando 40.000".
Paula aseguró que el tema está empantanado y contó que hay familias que se vencieron y tuvieron que recurrir a medidas extremas como vender la casa para poder saldar la deuda y empezar de cero. Muchos otros casos están cerca de la expropiación de sus bienes. Las medidas tomadas en el contexto de pandemia por el congelamiento de cuotas no fueron suficientes para frenar la indexación de los créditos. En este sentido remarcó que es importante aclarar que un congelamiento de la cuota como medida paliativa supuso un alivio parcial porque "el crédito está indexado". "Se congelan las cuotas como una medida para las familias que no tenían ingresos durante la pandemia. Pero esa indexación del UVA no deja de crecer y cuando se descongela, la deuda se actualiza al monto real que se debe", detalló.
La mujer sostuvo que ella tiene la suerte de ser una empleada en relación de dependencia, lo que significó mantener sus ingresos durante la cuarentena a diferencia de tantas otras personas que quedaron sin trabajo, "Tome la decisión de apelar a una de las medidas paliativas del Gobierno que fue diferir la cuota, es decir estiro los años de vida de mi crédito. Uno es consciente porque es laburante", agregó.
La damnificada sostuvo que las medidas gubernamentales implican que la deuda original por el crédito es una y la opción de diferimiento de intereses a pagar en 18 cuotas es otra. "Nosotros seguimos pagando la cuota y además los UVA que van a ir escalonándose a lo largo de este año hasta julio, cuando se complete el monto real de la cuota, y esto es un 160% más del valor original de la cuota", puntualizó.
Paula habló por ella pero también por la situación de muchas familias locales desesperadas a las cuales las medidas gubernamentales no las representaron: "Solo terminaron agregando más cuotas, estirando la vida de los créditos en años, se contabilizan más intereses y son como mini-créditos que se desprenden del crédito original". La historia crediticia de muchas personas se desactualizó debido a la ralentización en el contexto de pandemia y en ese marco aseguró que las cifras del Banco Central están desactualizadas, que existen muchos más deudores en el circuito de préstamos fallidos. "Hay más de 500 denuncias de hipotecados de la provincia de Buenos Aires en la Defensoría del Pueblo", amplió.
Finalmente, consultada respecto a las posibilidades de acción de las familias afectadas respondió de manera categórica: "Hubo personas que acudieron a abogados pero es sabido que el Poder Judicial no da cabida a las cautelares referidas al tema. Esto es un revés muy grande para las familias. Como las medidas no quedan firmes, después tenés que volver a arreglar con el banco. Mientras tanto otros jueces rechazan tomar el caso porque dicen que es un tema del ámbito político".
