En los últimos días el debate respecto a la ley de etiquetado de alimentos puso sobre la mesa la trascendencia de avanzar a favor de dos temas: fortalecer el derecho a una alimentación saludable, y que los consumidoras puedan contar con una información clara y precisa a la hora de decidir qué productos comprar.
Para quienes impulsan esta medida, el derecho a una alimentación saludable no tiene ninguna discusión, es un derecho humano, e incluso nuestra constitución nacional garantiza que en nuestras relaciones de consumo se proteja la salud, la seguridad y nuestros intereses económicos.
Javier Milei y Donald Trump lo anunciaron este jueves. Dicen, busca fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y cooperación.
Con el servicio de Internet satelital, DIRECTV Latin America y SKY Brasil ampliarán y diversificarán la propuesta de conectividad que el Grupo Werthein está desplegando en Sudamérica a través de fibra óptica.
Esta protección incluye que los consumidores debamos recibir una información adecuada y veraz para poder tener libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno, que es en definitiva lo que se busca potenciar con la iniciativa que promueve el etiquetado de alimentos. El proyecto apunta a advertirnos de forma visible y veraz sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, que son los principales responsables de la malnutrición de la población.
Es por eso que contar con una herramienta tan útil como lo son estas etiquetas permitiría contar con un instrumento indispensable para combatir esta problemática. Esta idea cobra especial relevancia si pensamos en las infancias, ya que posibilitará resguardar los entornos escolares y regular la publicidad, promoción y patrocinio de productos con exceso de nutrientes críticos.
De esta manera, la ley sería clave para atacar además los engaños que promueven muchos productos que se presentan como saludables pero que en realidad no lo son. Superar estas prácticas serviría para generar herramientas de empoderamiento ciudadano mediante el simple y necesario hecho de tener información correcta respecto a las características nutricionales de los productos que consumimos.
Es así que el Congreso tiene en sus manos una oportunidad histórica para generar políticas sanitarias de avanzada con el objetivo central de resguardar la salud pública. Cabe destacar que desde la Defensoría del Pueblo bonaerense se mostraron totalmente a favor de esta propuesta que mejorará la alimentación y la salud de las próximas generaciones.