La Justicia avanza con la pesquisa que busca determinar el alcance de la organización descubierta en la Unidad N°9 de Villa Elvira.
Una denuncia judicial expone con detalle cómo funcionaba una presunta red de corrupción que fue descubierta en la Unidad N°9 de Villa Elvira. El esquema incluía la venta ilegal de comida, cobros obligatorios, violencia y hasta estafas virtuales, bajo el control de internos y con posible connivencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La investigación que lleva adelante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°7 de La Plata, Virginia Bravo, comenzó a partir de una extensa acusación presentada por internos del pabellón 16B, un sector destinado a alojar detenidos vinculados a fuerzas de seguridad. Según pudo reconstruir 0221.com.ar tras acceder al documento judicial, el escrito describe con precisión el funcionamiento cotidiano de una estructura organizada de recaudación ilegal.
El acusado, que fue detenido en Berisso, quedó a disposición de la Justicia por intento de homicidio y robo armado en Villa Elvira. Tenía pedido de captura.
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El expediente, con intervención del Juzgado de Garantías N°5 que conduce la jueza Marcela Garmendia, pone bajo la lupa un sistema que, lejos de ser aislado, habría funcionado de manera sostenida y con reglas claras dentro del penal. En el centro de la escena aparece un interno apodado "El Tano", quien es señalado como el presunto líder de la organización. De acuerdo a la denuncia, concentraba el control económico, disciplinario y operativo del pabellón, con un esquema que incluía múltiples "negocios" y mecanismos de presión sobre el resto de los detenidos.
Uno de los engranajes clave era la comercialización de alimentos dentro del pabellón, con una estructura que replicaba un circuito gastronómico informal, pero altamente rentable. La denuncia incluye incluso imágenes que dan cuenta de la infraestructura montada en el lugar para poder llevar adelante la operatoria: freezers, heladeras y espacios comunes eran utilizados para almacenar y preparar la mercadería.
Del mismo modo, los denunciantes también detallaron la lista de precios que regía la actividad dentro del pabellón:
A esto se sumaban otros rubros, como la venta de pastas caseras, cigarrillos en volumen y hasta servicios como peluquería, donde un solo interno estaba autorizado a cortar el pelo por un precio mínimo de $4.000 o su equivalente en cigarrillos.
La organización vendía todo tipo de productos elaborados en el mismo pabellón y hasta ofrecía servicios de peluquería
La producción se realizaba dentro de la propia unidad, utilizando insumos que –según la denuncia– provenían de áreas del penal como depósitos o panadería. El circuito, por su parte, no se limitaba a los internos del sector: otros pabellones también accedían a estos productos, en un esquema que requería –siempre según el escrito– la permisividad del personal penitenciario.
El sistema no habría funcionado sin un fuerte componente de coerción. La denuncia describe que cada interno debía pagar una "cuota" mensual para permanecer en el pabellón, equivalente a dos paquetes de cigarrillos. Quienes no cumplían podían ser expulsados, golpeados o trasladados a otros sectores considerados más peligrosos. Incluso se menciona que un grupo de internos controlaba trámites judiciales y avales de traslado, lo que reforzaba el poder interno.
También se cobraba por usar el gimnasio, por recibir visitas en el SUM e incluso se exigía entregar alimentos o productos a modo de "tributo". En ese contexto, se describen episodios de violencia física, amenazas y castigos ejemplificadores.
El documento que analiza la fiscal Bravo menciona casos concretos de agresiones, internos hospitalizados por estrés y otros expulsados del pabellón aún en situaciones de vulnerabilidad, además de prácticas que podrían encuadrarse como reducción a la servidumbre, con detenidos obligados a cocinar, limpiar o trabajar sin descanso.
La denuncia también advierte sobre delitos más complejos. Por un lado, la presunta venta de drogas dentro del pabellón, incluyendo marihuana, cocaína y pastillas, con mecanismos de ingreso durante visitas o a través de contactos internos. Por otro, se describe la existencia de una estructura para realizar estafas virtuales. Según el escrito, había routers WiFi distribuidos en distintas celdas, celulares no registrados y un sistema que incluso proveía conexión a otros pabellones. Ese esquema habría permitido montar una suerte de "call center" delictivo, en línea con maniobras detectadas en otras cárceles bonaerenses.
La denuncia también apunta a una posible connivencia con sectores del SPB. Se mencionan vínculos con áreas como requisa, talleres, depósito y visitas, cuyos responsables –según los denunciantes– facilitarían el ingreso de mercadería, evitarían controles y recibirían beneficios.
Entre los internos señalados aparecen perfiles con causas resonantes: uno condenado por el crimen del hermano del periodista Eduardo Feinmann y otros dos vinculados a la masacre de San Miguel del Monte, quienes –según el documento– formaban parte del entramado.
El nivel de detalle de la denuncia incluye incluso la mención de cuadernos con registros de pagos, uso de billeteras virtuales y movimientos de dinero constantes, lo que refuerza la hipótesis de una organización aceitada. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales. El expediente podría escalar por el impacto institucional que implica: un presunto sistema de corrupción sostenido dentro de una de las unidades penitenciarias más importantes de La Plata.