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Casación revisa un crimen en La Plata que conmocionó al país

Una de las defensas de los condenados llegó hasta la Corte Nacional donde ordenaron una revisión integral de la sentencia. El expediente está en Casación bonaerense, máxima instancia penal de la provincia de Buenos Aires, paso previo a la Suprema Corte provincial.

El Tribunal de Casación bonaerense comenzó con el análisis de uno de los crímenes que más conmoción generó en la sociedad platense a principios de siglo. Se trata del asesinato del taxista Jorge Barrenechea por el que Gastón Escobar y Rubén Llanos fueron condenados a perpetua, en distintas instancias. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por impulso de una de las defensas que logró la revisión integral de la sentencia.

El crimen fue un hecho que en el año 2000 sacudió a la ciudad. Pasaron 19 años y el caso todavía presenta más dudas que certezas. Uno de los acusados fue el comerciante Gastón Escobar, quien fue absuelto en el juicio oral. La causa llegó a Casación bonaerense y, por mayoría, dos polémicos jueces lo condenaron a perpetua.

El homicidio fue presentado como esclarecido, pero la defensa llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, donde los jueces Ricardo LorenzettiCarlos Maqueda y Elena Inés Highton de Nolasco, dictaminaron que le asiste razón a esa parte. Ante este panorama la Suprema Corte bonaerense determinó que la sentencia de Casación debe ser revisada “íntegramente”.

Esa revisión tuvo su audiencia previa con las partes. Los jueces Florencia Budiño, Alejandro Villordo y Fernando Mateos escucharon el planteo de las partes. Por la acusación estuvo el fiscal Carlos Altuve y el abogado Marcelo Peña, como representante de la familia de la víctima.

En el lado contrario, los defensores Juan Di Nardo y Daniel Galleguillo expusieron sus argumentos jurídicos para que los jueces dicten la libre absolución y libertad de sus asistidos.

Marcelo Peña, abogado de la familia Barrenechea dijo tras la audiencia: "En mi carácter de particular damnificado dejé expresa mi firme oposición a las argumentaciones jurídicas de la asistencia legal de los imputados. En cuanto la pena de prisión perpetua sostengo que es adecuada y fundada según resolvió oportunamente el tribunal de Casación. Ademas expresamos, con el debido respeto a la tarea de los defensores, la inadecuada petición en la referida audiencia de expresión de agravios pues es imposible criticar el fallo del Alto Tribunal  por no tener percepción del relato de los testigos y demás elementos probatorios criticados por los distinguidos colegas".

EL CASO

Corría el día primero de enero del año 2000. Los miedos por el efecto del virus informático Y2K habían quedado en el olvido. Se decía que con el cambio de milenio, un troyano atacaría todas las computadoras del mundo por un problema de configuración en los calendarios de los servidores, pero fue una gran farsa de los medios de comunicación.

Ese día Barrenechea salió de su casa en La Plata para trabajar al taxi Renault 9 que alquilaba para trabajarlo en el turno noche. En algún momento de esa jornada laboral nocturna  subió a dos personas con destino final la localidad de Ranchos. En el camino fue asesinado y su cuerpo apareció al día siguiente en un puente. Su cuerpo presentaba tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en el tórax.

Tras confirmarse la noticia, taxistas platenses protagonizaron varias marchas en las que reclamaban “justicia” para su colega asesinado y “seguridad” para los trabajadores del sector.

Hubo dos juicios orales. En agosto de 2003, Rubén Llanos, detenido pocos meses después del hecho, fue acusado de ser el autor material. La hipótesis era que Miguel Calabrese, dueño del taxi que manejaba la víctima, le había pagado a Llanos y a Escobar (quien lleva 18 años procesado) para que se hicieran pasar por pasajeros y ejecutaran al chófer en venganza por una presunta relación amorosa entre su esposa y su empleado. Esa hipótesis no se probó y la absolución fue el único camino posible.

El segundo de los debates fue en 2005 con Escobar y Calabrese (ex chofer personal del ex gobernador bonarense Felipe Solá) en el banquillo de los acusados. Los jueces Claudio Bernard y Carlos Graziano (ya fallecido) votaron por la absolución. La jueza Liliana Torrisi, en minoría, condenó por homicidio calificado. El fiscal Carlos Gómez recurrió la absolución dictada por el Tribunal Oral Criminal I de La Plata y el caso fue analizado por Casación.

En el año 2012 los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues (quienes renunciaron luego de dictar una escandalosa resolución) entendieron que Escobar y Calabrese fueron autores intelectuales del crimen del taxista y los condenaron a perpetua. En minoría el juez Carlos Natiello (quien sigue en funciones) optó por sostener absolución. Calabrese falleció durante el proceso.

Mientras transcurrió el proceso casatorio, el entonces abogado de Escobar, fue detenido y el expediente fue resuelto sin que le signaran un defensor al acusado. El actual defensor, Juan Di Nardo, considera que esa situación debe ser uno de los motivos para anular la sentencia y dictar la libertad del comerciante.

El abogado Di Nardo llegó hasta la Corte federal donde le abrieron el recurso de queja y ordenaron una revisión completa del veredicto condenatorio.

A 19 años y nueve meses de un crimen que sacudió a la ciudad de La Plata, el hecho sigue sin esclarecerse con el agravante que, tal vez, un inocente está detenido hace varios años sin sentencia firme. Un claro caso más de carreta judicial.

Otro de los aspectos increíbles de esta historia son algunos de los magistrados que intervinieron. El juez de Garantías fue César Melazo, hoy detenido acusado de ser el jefe de una asociación ilícita entre policías corruptos, narcos, sicarios, barras bravas y lobistas. El fiscal de juicio, Carlos Gómez fue destituido en una denuncia que estuvo involucrado junto a Melazo, acusados de apoderarse de animales de granja secuestrados judicialmente.

Pero la lista continúa en la instancia superior: Casación. Allí actuaron los mencionados jueces Piombo y Sal Llargués, quienes renunciaron tras la escandalosa reducción de pena a un abusador de menores, bajo el argumento de la condición sexual del niño vejado. También fueron destituidos como docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Como miembros de la Sala Primera del Tribunal de Casación, le redujeron la pena a, por lo menos, siete abusadores.

Una de las defensas de los condenados llegó hasta la Corte Nacional donde ordenaron una revisión integral de la sentencia. El expediente está en Casación bonaerense, máxima instancia penal de la provincia de Buenos Aires, paso previo a la Suprema Corte provincial.

13 de septiembre de 2019

El Tribunal de Casación bonaerense comenzó con el análisis de uno de los crímenes que más conmoción generó en la sociedad platense a principios de siglo. Se trata del asesinato del taxista Jorge Barrenechea por el que Gastón Escobar y Rubén Llanos fueron condenados a perpetua, en distintas instancias. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por impulso de una de las defensas que logró la revisión integral de la sentencia.

El crimen fue un hecho que en el año 2000 sacudió a la ciudad. Pasaron 19 años y el caso todavía presenta más dudas que certezas. Uno de los acusados fue el comerciante Gastón Escobar, quien fue absuelto en el juicio oral. La causa llegó a Casación bonaerense y, por mayoría, dos polémicos jueces lo condenaron a perpetua.

El homicidio fue presentado como esclarecido, pero la defensa llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, donde los jueces Ricardo LorenzettiCarlos Maqueda y Elena Inés Highton de Nolasco, dictaminaron que le asiste razón a esa parte. Ante este panorama la Suprema Corte bonaerense determinó que la sentencia de Casación debe ser revisada “íntegramente”.

Esa revisión tuvo su audiencia previa con las partes. Los jueces Florencia Budiño, Alejandro Villordo y Fernando Mateos escucharon el planteo de las partes. Por la acusación estuvo el fiscal Carlos Altuve y el abogado Marcelo Peña, como representante de la familia de la víctima.

En el lado contrario, los defensores Juan Di Nardo y Daniel Galleguillo expusieron sus argumentos jurídicos para que los jueces dicten la libre absolución y libertad de sus asistidos.

Marcelo Peña, abogado de la familia Barrenechea dijo tras la audiencia: "En mi carácter de particular damnificado dejé expresa mi firme oposición a las argumentaciones jurídicas de la asistencia legal de los imputados. En cuanto la pena de prisión perpetua sostengo que es adecuada y fundada según resolvió oportunamente el tribunal de Casación. Ademas expresamos, con el debido respeto a la tarea de los defensores, la inadecuada petición en la referida audiencia de expresión de agravios pues es imposible criticar el fallo del Alto Tribunal  por no tener percepción del relato de los testigos y demás elementos probatorios criticados por los distinguidos colegas".

EL CASO

Corría el día primero de enero del año 2000. Los miedos por el efecto del virus informático Y2K habían quedado en el olvido. Se decía que con el cambio de milenio, un troyano atacaría todas las computadoras del mundo por un problema de configuración en los calendarios de los servidores, pero fue una gran farsa de los medios de comunicación.

Ese día Barrenechea salió de su casa en La Plata para trabajar al taxi Renault 9 que alquilaba para trabajarlo en el turno noche. En algún momento de esa jornada laboral nocturna  subió a dos personas con destino final la localidad de Ranchos. En el camino fue asesinado y su cuerpo apareció al día siguiente en un puente. Su cuerpo presentaba tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en el tórax.

Tras confirmarse la noticia, taxistas platenses protagonizaron varias marchas en las que reclamaban “justicia” para su colega asesinado y “seguridad” para los trabajadores del sector.

Hubo dos juicios orales. En agosto de 2003, Rubén Llanos, detenido pocos meses después del hecho, fue acusado de ser el autor material. La hipótesis era que Miguel Calabrese, dueño del taxi que manejaba la víctima, le había pagado a Llanos y a Escobar (quien lleva 18 años procesado) para que se hicieran pasar por pasajeros y ejecutaran al chófer en venganza por una presunta relación amorosa entre su esposa y su empleado. Esa hipótesis no se probó y la absolución fue el único camino posible.

El segundo de los debates fue en 2005 con Escobar y Calabrese (ex chofer personal del ex gobernador bonarense Felipe Solá) en el banquillo de los acusados. Los jueces Claudio Bernard y Carlos Graziano (ya fallecido) votaron por la absolución. La jueza Liliana Torrisi, en minoría, condenó por homicidio calificado. El fiscal Carlos Gómez recurrió la absolución dictada por el Tribunal Oral Criminal I de La Plata y el caso fue analizado por Casación.

En el año 2012 los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues (quienes renunciaron luego de dictar una escandalosa resolución) entendieron que Escobar y Calabrese fueron autores intelectuales del crimen del taxista y los condenaron a perpetua. En minoría el juez Carlos Natiello (quien sigue en funciones) optó por sostener absolución. Calabrese falleció durante el proceso.

Mientras transcurrió el proceso casatorio, el entonces abogado de Escobar, fue detenido y el expediente fue resuelto sin que le signaran un defensor al acusado. El actual defensor, Juan Di Nardo, considera que esa situación debe ser uno de los motivos para anular la sentencia y dictar la libertad del comerciante.

El abogado Di Nardo llegó hasta la Corte federal donde le abrieron el recurso de queja y ordenaron una revisión completa del veredicto condenatorio.

A 19 años y nueve meses de un crimen que sacudió a la ciudad de La Plata, el hecho sigue sin esclarecerse con el agravante que, tal vez, un inocente está detenido hace varios años sin sentencia firme. Un claro caso más de carreta judicial.

Otro de los aspectos increíbles de esta historia son algunos de los magistrados que intervinieron. El juez de Garantías fue César Melazo, hoy detenido acusado de ser el jefe de una asociación ilícita entre policías corruptos, narcos, sicarios, barras bravas y lobistas. El fiscal de juicio, Carlos Gómez fue destituido en una denuncia que estuvo involucrado junto a Melazo, acusados de apoderarse de animales de granja secuestrados judicialmente.

Pero la lista continúa en la instancia superior: Casación. Allí actuaron los mencionados jueces Piombo y Sal Llargués, quienes renunciaron tras la escandalosa reducción de pena a un abusador de menores, bajo el argumento de la condición sexual del niño vejado. También fueron destituidos como docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Como miembros de la Sala Primera del Tribunal de Casación, le redujeron la pena a, por lo menos, siete abusadores.

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Una de las defensas de los condenados llegó hasta la Corte Nacional donde ordenaron una revisión integral de la sentencia. El expediente está en Casación bonaerense, máxima instancia penal de la provincia de Buenos Aires, paso previo a la Suprema Corte provincial.