Dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación el programa oficial mantuvo online un pedido de recompensa hasta hace pocas semanas atrás. Mediante Buscar se “ofrece recompensa a los ciudadanos que brinden datos que permitan capturar a prófugos de la Justicia, hallar a personas extraviadas e identificar a los autores de casos no resueltos”, tal como se indica en el sitio web.
En esa nómina, bajo la clasificación de “personas extraviadas” hay casos de enorme repercusión que llevan años sin resolverse como los de María Cash, Florencia Penacchi, Cristián Schaerer o Sofía Herrera.
El fuego desatado en la zona de embalajes del Frigorífico Gorina ya fue controlado, pero los bomberos trabajan sin descanso apagarlo por completo.
Un incendio en el Frigorífico Gorina generó una fuerte columna de humo y obligó a evacuar a los trabajadores. Bomberos intentan controlar las llamas.
El sistema activa una búsqueda a pedido de los distintos juzgados que solicitan colaboración al Ejecutivo para dar a conocer determinado caso a la población. Según explicaron fuentes ligadas al programa, “una vez que el órgano jurisdiccional a cargo de la investigación informa que cesó la búsqueda se dispone la baja del listado público”.
Si bien el mecanismo operado por la cartera conducida por Patricia Bullrich garantiza absoluta reserva de identidad para quienes aporten información, fuentes con acceso a la causa aseguraron que en este caso nunca obtuvo ninguna pista firme para la pesquisa.
Hace dos semanas fuentes judiciales confirmaron que restos de una pierna hallados hace nueve meses en una playa de Berisso se corresponden con el patrón genético de la joven desaparecida.
El estudio fue realizado por el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trataba de analizar restos encontrados en la zona de la playa Palo Blanco en la costa berissense del Río de La Plata donde un lugareño los había hallado en agosto último. Se inició una causa penal que tramitó en la UFI a cargo de Marcelo Martini. En los primeros estudios realizados en la morgue policial platense se determinó que lo hallado llevaba allí, como mínimo, dos meses. Con diferencia de unos días en el mismo balneario fueron encontrados un DNI de una persona de sexo masculino y otros restos con huellas dactilares. No queda claro el motivo por el que pasaron tantos meses sin que se efectivizaran los estudios genéticos.
La novedad que arrojó la pericia había sido comunicada a la familia Ramallo a mediados de abril último desde el juzgado federal N° 1 que sigue el caso. El juez a cargo provisoriamente, Adolfo Ziulu, decretó el secreto de sumario y dispuso una serie de medidas para movilizar alrededor del nuevo dato una causa que se había caracterizado hasta ahora por no tener avances.
Luego de que la noticia sobre el cotejo de ADN fue corroborada y difundida por diversos medios de comunicación, la foto de Ramallo y el ofrecimiento de una compensación de 500 mil pesos a quien aportara datos que sirvieran para conocer la suerte de la joven fueron suprimidos del sitio oficial donde se exhibían.
El expediente en manos de Ziulu busca conocer el destino de Ramallo que, según los abogados de la querella, habría sido víctima de una red de trata. Después de lidiar varios meses en la Justicia provincial, los letrados lograron que el caso pasara a la órbita Federal. Sin embargo, hasta ahora los instructores judiciales no habían conseguido reunir pruebas para sostener esa hipótesis. Esta semana el juez decidió extender el secreto de sumario para evitar filtraciones de las partes sobre medidas dispuestas a partir del nuevo encuadre de la pesquisa.
En marzo pasado el Estado borró a Johana de otro registro oficial: el plan “Haciendo el Futuro” – ex “Ellas Hacen”- del Ministerio de Desarrollo Social, en el que se trabaja con más de 100 mil mujeres en situación de vulnerabilidad social y donde la joven se hallaba inscripta y participaba de un proyecto de autoconstrucción.
Ninguna de las fuentes consultadas supo decir si el Estado, más allá de haber bajado la búsqueda, seguirá colaborando de alguna manera con la investigación. 0221.com.ar intentó comunicarse con voceros de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que informaran al respecto, pero no respondieron a los llamados
Tomado con fuerza por numerosos colectivos en defensa de los derechos humanos y, en especial, por grupos con militancia feminista y colectivos que trabajan con la problemática de la trata y de la diversidad sexual, el rostro de Johana replicado de su DNI tapizó pasillos de dependencias públicas, plazas y espacios educativos y se convirtió, rápidamente, en un emblema. Cientos de activistas repitieron cada mes el reclamo mediante marchas y radios abiertas para que la chica reaparezca con vida y lograron hacer conocer la historia a través de los medios de prensa.
Johana Luján Ramallo vivía en Villa Elvira con su mamá y sus hermanos menores y afrontaba un estado de enorme fragilidad cercada por las adicciones y el mundo de la prostitución que funciona en un circuito sobre la calle 1 cerca del Policlínico San Martín. La última imagen de la chica quedó grabada en la memoria del sistema de seguridad de una estación de servicio YPF en la esquina de 1 y 63 a las 20.17 del miércoles 26 de julio de 2017, cuando la chica, que entonces tenía 23 años, entró al baño, permaneció unos minutos y volvió a salir. Caminó apresurada hasta perderse fuera del alcance del objetivo de la cámara. Nadie volvió a verla.