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Denuncian que no hay comidas en las cárceles y los internos hacen huelga de hambre

El reclamo fue elevado al ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari, para que tome las medidas urgentes. En varias unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas para visibilizar la situación y reclamar soluciones. Muchos de ellos, comenzaron a sufrir afecciones a su salud como consecuencia de su escasa alimentación.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló datos alarmantes sobre la alimentación de las personas privadas de su libertad en las cárceles del territorio bonaerense y constató que la mayoría de ellos padecen hambre. Según el informe, se agravó la falta de alimentos en los depósitos de las unidades penitencias. La situación fue reconocida por funcionarios de la Justicia y autoridades carcelarias.

En cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltante de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

Como parte del trabajo de control y monitoreo que viene realizando, como Mecanismo local de prevención de la tortura de Buenos Aires recientemente designado, la CPM le envió un informe al ministro de Justicia Gustavo Ferrari para que explique las razones del desabastecimiento y tome las medidas necesarias para proveer de manera urgente los alimentos previstos en las licitaciones contratadas.

En ese marco, el organismo le reclamó garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitis, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, quedó en evidencia que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

La situación está en su punto más crítico y hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras. En cuanto a la carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, revelaron que llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Mientras que la leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por varios meses.

El ejemplo que sirve para visibilizar la gravedad de la situación, ocurrió en junio pasado en el penal de Olmos, cuando había en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina para 2.858 personas detenidas. Para colmo,  algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En la mayoría de las inspecciones de la CPM se detectó problemas de este tipo en el stock de carne vacuna, ya sea por estar contaminada o mal refrigerada. Los cortes provistos son malos y pocos. En este contexto, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar una vez a la semana.

A raíz de estos hechos, los detenidos intentan reelaborar las comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Sin embargo, esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

A raíz de las denuncias del CPM, el juzgado de ejecución de La Plata intimó a las autoridades provinciales y penitencias a aprovisionar de alimentos a las cárceles bajo la advertencia de sanciones económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

Para organismo encargado del mecanismo local de prevención de la tortura de la Provincia de Buenos Aires, estos hechos constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuya consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, explicaron, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

El reclamo fue elevado al ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari, para que tome las medidas urgentes. En varias unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas para visibilizar la situación y reclamar soluciones. Muchos de ellos, comenzaron a sufrir afecciones a su salud como consecuencia de su escasa alimentación.

07 de diciembre de 2019

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló datos alarmantes sobre la alimentación de las personas privadas de su libertad en las cárceles del territorio bonaerense y constató que la mayoría de ellos padecen hambre. Según el informe, se agravó la falta de alimentos en los depósitos de las unidades penitencias. La situación fue reconocida por funcionarios de la Justicia y autoridades carcelarias.

En cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltante de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

Como parte del trabajo de control y monitoreo que viene realizando, como Mecanismo local de prevención de la tortura de Buenos Aires recientemente designado, la CPM le envió un informe al ministro de Justicia Gustavo Ferrari para que explique las razones del desabastecimiento y tome las medidas necesarias para proveer de manera urgente los alimentos previstos en las licitaciones contratadas.

En ese marco, el organismo le reclamó garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitis, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, quedó en evidencia que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

La situación está en su punto más crítico y hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras. En cuanto a la carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, revelaron que llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Mientras que la leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por varios meses.

El ejemplo que sirve para visibilizar la gravedad de la situación, ocurrió en junio pasado en el penal de Olmos, cuando había en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina para 2.858 personas detenidas. Para colmo,  algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En la mayoría de las inspecciones de la CPM se detectó problemas de este tipo en el stock de carne vacuna, ya sea por estar contaminada o mal refrigerada. Los cortes provistos son malos y pocos. En este contexto, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar una vez a la semana.

A raíz de estos hechos, los detenidos intentan reelaborar las comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Sin embargo, esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

A raíz de las denuncias del CPM, el juzgado de ejecución de La Plata intimó a las autoridades provinciales y penitencias a aprovisionar de alimentos a las cárceles bajo la advertencia de sanciones económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

Para organismo encargado del mecanismo local de prevención de la tortura de la Provincia de Buenos Aires, estos hechos constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuya consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, explicaron, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

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El reclamo fue elevado al ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari, para que tome las medidas urgentes. En varias unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas para visibilizar la situación y reclamar soluciones. Muchos de ellos, comenzaron a sufrir afecciones a su salud como consecuencia de su escasa alimentación.