El 2018 en la política local estuvo marcado por el conflicto en las calles: marchas, piquetes y vendedores ambulantes fueron y continúan siendo un tema pendiente en La Plata. Políticos y activistas se debaten entre la necesidad de "airear" el espacio público -sobre todo en el centro- y otorgar a los vendedores o artesanos, en el mejor de los casos, algún trabajo formal. También discuten sobre el derecho -y sus límites- a manifestarse en la vía pública.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el intendente Julio Garro anunció al respecto una medida importante: enviaría al Concejo Deliberante un Código de Convivencia Ciudadana para regular estas prácticas y ponerles un marco legal.
En ese marco se había pronunciado Mauro Palummo, director de Proyectos Especiales y cercano a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. "No se va a poder cortar la calle ni quemar gomas. El protocolo establece que se le dan 5 minutos para que se vayan, en caso de que se nieguen se les dan 5 minutos más. Si no se retiran se los sacará con la fuerza pública y eso incluye todo", había sentenciado el funcionario. Lejos de esa promesa, el Ejecutivo se encuentra trabajando en un borrador que todavía no elevó al HCD, por lo cual no podrá tratarse en las próximas semanas.
Lo mismo pasó con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), otra promesa del discurso inaugural del Intendente que no rindió sus frutos al menos hasta el día de hoy. El Consejo Único de Ordenamiento Territorial (CUOT) continúa debatiendo si ingresar o quitar propiedades del catálogo de protección patrimonial, pero lejos está de debatir una nueva normativa para la arquitectura de la ciudad.
Otra de las promesas de la gestión Garro que de enero a esta parte quedaron inconclusas es el traslado de la Zona Roja al Paseo del Bosque. A principios de 2016 el mismísimo presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, anunció que el oficialismo trabajaba en un proyecto de reubicación que incluiría la instalación de baños químicos y cestos para residuos patógenos en el bosque.
Además darían a las trabajadoras sexuales "cursos de prevención" de infecciones de transmisión sexual. El proyecto quedó trunco y como todos los años, la intención del Ejecutivo de "erradicar" la Zona Roja no se concretó con políticas concretas.
Con respecto al tránsito y el transporte, también han sido muchos los anuncios y pocas las concreciones a cuatro meses de terminar el año.
La implementación de grúas para el acarreo de autos que cometan infracciones recién ahora está comenzando a perfilarse con un llamado a licitación, los carriles exclusivos todavía están probándose en avenida 44 y las cámaras de seguridad en los micros -una promesa de la gobernadora María Eugenia Vidal y el secretario de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo- no llegaron a las unidades de la ciudad. Y la eterna doble fila en las escuelas sigue siendo parte del folclore platense.
Otro proyecto trunco del Ejecutivo provincial tiene que ver con la prevención y alerta temprana en inundaciones. El programa creado en julio por Vidal -Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana Hidroambiental, SIMATH- había sido impulsado por el ingeniero platense Pablo Romanazzi, que presidía la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y se encargaba de articular con la dirección de Hidráulica de la Municipalidad las políticas conjuntas.
Sin embargo el funcionario, que responde al radicalismo, fue desplazado de la cartera hace apenas unos días. El experto en obras hídricas adujo que su salida fue por motivos estrictamente personales, aunque según una carta que el mismo Romanazzi habría hecho circular entre sus exempleados, la renuncia tuvo que ver con "visiones y convicciones diferentes de la función pública". Sea como sea, se trata de un golpe y un atraso certero en uno de los temas claves que afectan la ciudad.
Por último está la llegada del mega shopping que anunció la inversora IRSA en marzo de este año. Con el visto bueno del Intendente, el grupo inmobiliario invertiría más de 130 millones de dólares en el predio ubicado en Camino General Belgrano y 514. Sin embargo, a esta altura del año el proyecto recién está en manos de la dirección de Planeamiento; luego pasará a ser revisado por el CUOT y más tarde llegará al Concejo para ser aprobado o modificado.
¿Y EL CONCEJO DELIBERANTE?
Este año fueron varios los proyectos rimbombantes que quedaron truncos en el Deliberante local. El "taxi rosa", una iniciativa del concejal peronista Fabián Lugli, es uno de ellos: planteaba realizar un convenio entre los taxistas y la Municipalidad para implementar un servicio diferencial para mujeres, identificado con un sticker o símbolo en la luneta o el capó de los autos.
Según pudo saber 0221.com.ar, el último trámite de este expediente se realizó en la comisión de Transporte y Tránsito. A ella habían acudido taxistas y remiseros que se mostraban en contra de la iniciativa. Ya en esa oportunidad Lugli había extendido la invitación a los dirigentes taxistas y activistas feministas para que se sumen a la discusión, que, parece, tiene para rato.
Otro de los proyectos que sonó fuerte este año fue el del oficialista Julio Irurueta, quien propuso eliminar los empedrados de la ciudad eximiendo apenas algunas calles y barrios, como el de Meridiano V. El concejal Pro había argumentado que la mayoría de las calles con adoquines "están bastante deterioradas y emparchadas por todos lados con asfalto".
Sin embargo, su propuesta chocaría con otra ordenanza militada años atrás por quien ahora es jefe de bloque en Cambiemos: el radical Claudio Frangul. El dirigente boina blanca, que aspira a ser senador el año que viene, fue el impulsor de la ordenanza que en 1998 declaró "patrimonio arquitectónico y cultural" de la ciudad al empedrado de calles, avenidas y paseos. Por ahora, esa normativa permanece.
La Necrópolis local fue otro de los lugares sobre los cuales se quiso legislar, aunque no se llegó. El concejal Gastón Crespo propuso no una sino varias veces intervenir el Cementerio por sospechas de "malversación de fondos, irregularidades operacionales y comentarios de procedimientos inapropiados".
El continuo robo de placas, la falta de agua y de contención frente a las lluvias son algunas de las problemáticas que aquejan al Cementerio local. En junio fue declarado patrimonio histórico y se creó un Fondo Especial de Restauración y Revalorización. Además, desde la Comuna anunciaron que se invertirán 12 millones de pesos en obras hidráulicas para evitar las inundaciones, ensanchar una avenida y construir 10 nuevas dársenas de colectivos.
Otro tema que se debatió en el Concejo Deliberante, aunque sin éxito, fue la formalización del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad. La edil kirchnerista Ana Castagneto fue la que impulsó el debate para que se conforme, tal como lo estipula la ordenanza sancionada en 1998.
Integrada por distintos representantes de instituciones ligadas a la discapacidad, debía "asesorar al Departamento Ejecutivo en las propuestas para la implementación de acciones y políticas relativas a la atención, promoción y equiparación de oportunidades" de las personas con discapacidad en La Plata. El tema parece estar lejos de la agenda de prioridades de la política local y aún hoy continúa en el limbo.
Por último, pero no menos importante, están las dos emergencias más importantes solicitadas este año en el Concejo: la Educativa, que cobró todavía más importancia luego de la tragedia en Moreno, y la de Infraestructura en Villa Castells, el barrio de Gonnet que convive con pozos como cráteres y pavimentaciones a medio hacer.
La ordenanza de emergencia Educativa impulsada por Unidad Ciudadana pretende que el Ejecutivo disponga "controles periódicos de los alimentos en los establecimientos educativos" de la ciudad, amplíe la cantidad de escuelas para ingresar al listado del Fondo Educativo 2018 y articule con la Provincia las políticas necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene laboral para los maestros. Pero la fuerte negativa del oficialismo para aprobar la emergencia Educativa quedó de manifiesto durante la sesión del 8 de agosto, cuando salieron al cruce por la "hipocresía" del peronismo al exigir ahora una emergencia y haber "hecho la plancha" durante sus años de gestión en el Palacio Municipal.
Con respecto a Villa Castells, desde el Municipio aseguran que ya comenzó el importante plan de obras financiado con 100 millones de pesos para impedir los desbordes fluviales. Aunque los vecinos continúan reclamando mejoras generales, la licitación pública N° 38 para la construcción de una red de desagües pluviales desde 495 a 500 y de 2 a 9 ya tiene cuatro empresas competidoras y en menos de un mes se conocerá la ganadora.