viernes 12 de abril de 2024

Incierto regreso a clases entre el peligro de las amenazas de bomba y el paro docente

El fantasma de la ola de intimidaciones públicas en establecimientos escolares vuelve a escena sin un plan de acción para evitar la tensión de la evacuación ante los llamados anónimos. Los fiscales no recibieron ninguna directiva en particular.

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Por Martín Soler

La vuelta del regreso a clases tras las vacaciones de invierno no solo cuenta con la particularidad que se da en el marco de un conflicto salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal que no garantiza el servicio educativo. También vuelve a escena el fantasma de la ola de amenazas de bomba que sacudió a la primera mitad del calendario académico. Un dato que revela la gravedad del problema: se perdieron más horas de clases por llamados anónimos que por paros docentes.

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Según registros judiciales y policiales, durante el mes de junio se iniciaron, al menos, 105 investigaciones penales (IPP). Junio tiene 20 días hábiles, pero los días 14 y 25 hubo paro docente y, por ende, no hubo amenazas de bombas. En una rápida cuenta de división, para sacar un promedio, se obtiene el primero de los datos para el análisis: se iniciaron casi seis causas por día por el delito de intimidación pública.

Pero hay un segundo dato a tener en cuenta. Cada causa puede tener varias amenazas de bomba, es decir que causa no es igual a cantidad de amenazas de bomba, lo que implica que las intimidaciones fueron muchas más de 105.

Cada operativo demanda una movilización de recursos y personal, cuyo erogación, trepa hasta los 100 mil pesos. Patrulleros, autobombas, ambulancias, patrulleros municipales, policías, peritos y agentes de tránsito, corren a toda prisa por distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada para evacuar e inspeccionar escuelas ante el llamado de algún bromista o alumno que no quiere rendir un examen.

Durante la última semana de la feria judicial, 0221.com.ar consultó a fiscales y instructores judiciales si existía alguna directiva en particular para la segunda etapa del año y le respuesta se repitió: “No, seguimos igual que antes, no hay ninguna directiva en particular”, fue la respuesta. Es decir, cada fiscal en turno tendrá que investigar, al menos, seis amenazas de bomba por día hábil.

Esta situación, ya se vivió en otros departamentos judiciales, como Quilmes y Morón, donde encontraron una solución, a primeras luces, efectiva. El Fiscal General designó un fiscal abocado a investigar el tema y, con una serie de medidas que se podrían replicar en La Plata, lograron solucionar el problema. Hasta el momento, al menos desde la Fiscalía General de La Plata, perecen no haber tomado nota del problema vigente y los antecedentes cercanos en el tiempo y espacio que se usaron para solucionarlo.

Tal vez será por la decisión que se tomó desde la Procuración General bonaerense de no investigar los casos. Durante la presentación de las estadísticas del delito en la provincia de Buenos Aires, el procurador Julio Conte Grand dijo que no se investigan porque al Estado le resulta menos oneroso. Se escudó en la teoría de la bagatela o principio de la insignificancia, es decir, lesiones insignificantes de bienes jurídicos. Traducido: al Estado le sale más barato no investigar que hallar al o los culpables. Pero eso no significa que no se inicien las acciones en sede Civil para lograr el pago monetario del daño causado, que, cómo se dijo, en la actualidad ronda los 100 mil pesos por amenaza.

Así el cuadro de situación, todo indica que con el correr de los días y la fijación de fechas de exámenes o mesas de evaluación, aumentarán exponencialmente los llamados anónimos advirtiendo sobre la presencia de artefactos explosivos.

Estas investigaciones son caratuladas como “intimidación pública” y tiene una pena de hasta seis años de cárcel.

La velocidad de las intimidaciones es, lógicamente, muy superior a la de los investigadores. Pese a ello, ya se identificó a tres menores de edad como los autores de las amenazas: dos en Berisso y el tercero en La Plata.

En todos los casos son jóvenes no punibles, tienen entre 13 y 15 años de edad, “pero sus padres pueden ser demandados civilmente para que respondan por los gastos originados”, explicó la fiscal Cecilia Corfield ante la consulta de este medio.

En tanto, tres alumnos del Liceo Víctor Mercante (colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata) aplicó una severa sanción para tres alumnos que fueron descubiertos como los autores de amenazas de bomba a la institución. Los directivos del colegio decidieron aplicarles todas las amonestaciones posibles para que lleguen al límite y los dejaron en condición "libre", por lo que deberán rendir todas las materias sin cursar al finalizar el ciclo lectivo.

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