jueves 14 de noviembre de 2024

Asociación ilícita, celulares y un cuantioso botín, las claves en el caso de la megabanda

Cinco de los 11 detenidos se negaron a declarar ante la fiscal. Dos policías figuran como jefes de la empresa criminal conjunta. Los cruces telefónicos fueron la llave que abrió el cerrojo de la impunidad.

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Por Martín Soler

Con el silencio de los cinco primeros detenidos y procesados por asociación ilícita (entre otros delitos) comenzó la etapa de indagatorias en la causa por la megabanda de policías, ladrones y barras que se dedicaban a robar en casas y ejecutar salideras bancarias en La Plata. El caso tiene varias aristas, que incluye desde un homicidio hasta la posible complicidad de un fiscal, un ex juez y empleados judiciales del departamento judicial platense.

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Tras la silenciosa investigación de la fiscal Betina Lacky fueron detenidos los policías Gustavo Bursztyn (asistido por el abogado Marcelo Peña), Gustavo Mena (defendido por el letrado Marcelo Di Siervi) y Marcos Chiusaroli (asistido por Oscar Salas). Los dos primeros están imputados de ser los jefes de la asociación ilícita agravada por su condición de funcionario público.

En la lista de sospechosos también se anotan Ángel Yalet; Javier Ronco (cuñado de un exbarra de Estudiantes de La Plata); Jorge Gómez Saravia; Carlos “Machaca” Barroso Luna, Carlos Bertoni, hermano del exfutbolista Daniel Bertoni); el barra de Gimnasia, Martín Fernández; Héctor Vega, condenado por un intento de homicidio en un boliche en La Plata; y Oscar Adrián "Quichua" Manes, quien en septiembre será juzgado por homicidio de Juan Farías. Todos tienen defensor oficial.

La fiscal relevó a la Policía bonaerense del caso y se apoyó en fuerzas federales para avanzar en la pesquisa. Los detenidos tras los allanamientos fueron alojados en calabozos de la Policía Federal y trasladados directamente al despacho de la fiscal. Los convictos involucrados siguen en sus celas de la Unidad 9 de La Plata y en el penal de Lisandro Olmos.

El pedido de detención de la fiscal Lacky cuenta con 160 fojas. Otras tantas tiene la orden de detención librada por la jueza de Garantías, Marcela Garmendia. La causa originalmente estaba radicada en el juzgado de Garantías 6, pero ante la vacante abierta por la asunción del juez Fernando Mateos en la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías platense, la jueza Garmendia quedó  a cargo del expediente.

La causa madre es el homicidio de Farías, un exconvicto que fue asesinado el 1 de diciembre de 2010 en su departamento de avenida 44 entre 26 y 27. En el marco de esa investigación existen varios testimonios que señalan una reunión para festejar el Día del Amigo, en una casa de un comisario en City Bell, de la que habría participado un exjuez de Garantías de La Plata desplazado.

Según los documentos judiciales a los que accedió 0221.com.ar en esa reunión se habló de ejecutar un robo en la casa de Roberto Zapata, exayudante de campo de Néstor Craviotto y Humberto Zuccarelli. Finalmente se había consensuado no ejecutar ese hecho, pero hubo alguien que tenía planes propios por fuera de la banda. Ese alguien, se sospecha, sería Farías, quien habría sido asesinado por el resto de la banda en el marco de un ajuste de cuentas.

El robo ocurrió en una vivienda de avenida 13 entre 70 y 71 de La Plata, cuando Zapata y su familia estaban ausentes de la vivienda en el festejo de un cumpleaños. Delincuentes ingresaron por los techos de la casa, tras practicar un boquete, y forzaron una caja fuerte existente en una de las habitaciones. En el interior de la caja fuerte, los delincuentes encontraron más de 60 mil pesos, alhajas y documentación. El dato sobre el botín que contenía ese domicilio lo habría aportado Carlos Bertoni, quien le había vendido una póliza de seguros a la familia Zapata.

LA GÉNESIS

Esta arista de la historia nunca había sido abordada por el fiscal Thomas Moran, el primero que investigó el homicidio de Farías. Tras su desplazamiento de la fiscalía, fue reemplazado por Lacky quien abrió una causa nueva para investigar otras hipótesis.

En esa nueva pesquisa se cruzaron datos telefónicos de las personas mencionadas en esa reunión y se obtuvieron datos concluyentes, que luego fueron corroborados por escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones. Policías, ladrones y convictos estaban en contacto entre sí.

Otra de las preguntas que surge apunta a determinar si la presencia del juez en la reunión tiene que ver con la cadena de delitos investigada. Esa es otra arista que es analizada por los investigadores policiales.

También hubo otro dato que llamo la atención a los investigadores. No existen filmaciones de cámaras de seguridad en la fecha del asesinato de Farías. Frente a la escena del crimen funcionaba una sucursal del Banco Santander Río con cámaras propias que monitorean y registran los movimientos, durante las 24 horas. Esas imágenes quedan guardadas en una copia de seguridad pero, llamativamente, cuando tardíamente el fiscal Moran las solicitó, desde la entidad bancaria alegaron que “por error” se habían borrado. Una gran cadena de casualidades que atentaban contra el esclarecimiento del homicidio.

En esta etapa de la investigación, Manes fue detenido luego del testimonio de una vecina del edificio donde vivía Farías. La mujer aseguró que por la mirilla de la puerta de su casa vio “de espaldas” a uno de los autores del homicidio. En una insólita rueda de reconocimiento donde los sospechosos estaban todos de dorso, la testigo dijo estar “casi segura” al señalar a Manes. Con esa prueba lo detuvieron en un penal. Luego fue beneficiado con arresto domiciliario, pero lo descubrieron vendiendo drogas y lo devolvieron tras las rejas, donde espera el juicio.

En la causa madre, según testimonios, se destaca que Manes y el expolicía Mena fueron socios en una concesionaria de autos usados y en un lavadero de autos en la zona de Altos de San Lorenzo, pero, se sospecha, esos comercios eran la fachada en la que enmascaraban la verdadera actividad: narcomenudeo de mediana intensidad. Todo eso será posible materia de análisis en el juicio, en caso que los testigos mantengan sus dichos de la instrucción penal preparatoria.

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