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El incremento de la tarifa de gas es una de las mayores preocupaciones de los platenses y los bonaerenses en general. Frente al último incremento tarifario anunciado por el Gobierno nacional, el Cepis presentó una medida cautelar ante la Justicia federal platense, con el objetivo de posponer el aumento hasta el mes de mayo.
"Entendemos que se encuentran plenamente vigentes las normas del marco regulatorio del gas, donde se establece que los aumentos estacionales deben darse en los meses de mayo y octubre. Por lo tanto, si el gobierno no derogó estas normas debería ceñirse a lo que ha dictado", explicó Mariano Lovelli, titular del organismo, en diálogo con 221Radio.
El abogado advirtió que el aumento aplicado en abril generará una transferencia de más de 2400 millones de pesos de las arcas de los usuarios a las empresas. "Nos parece que las tarifas no cumplen los requisitos constitucionales y de la jurisprudencia de la Corte", advirtió. El máximo tribunal del país había dictaminado en 2016 que los aumentos debían ser razonables, justos, atendiendo a los principios de gradualidad y teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios.
En ese sentido, Lovelli indicó que hay cada vez más requisitos a cumplir para acceder a la tarifa social, "una estigmatización por parte del Gobierno nacional ya que la gente tiene que ir a sacar patente de pobreza para poder obtener cualquier tipo de subsidio". Y amplió: "Nosotros creemos que la luz, el gas y el agua son derechos de la gente, no bienes de mercado, por lo tanto quien tiene que intervenir es el Estado".
Por otro lado, relativizó los argumentos del oficialismo y las empresas de servicios que ligan los aumentos a distintas inversiones: "Los números demuestran lo contrario, de enero de 2017 a 2018 la tarifa de gas subió un 120% y la producción de gas aumentó un 0,7%. Entonces no hay una relación entre aumentos y mejoras, lo que hay es una toma escandalosa de ganancias por parte de las empresas", afirmó.