El Gobierno argentino derogó una norma que regulaba los aranceles de los colegios privados, que ahora podrán fijar los valores, salvo excepciones.
Tras la eliminación del control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, los institutos podrán fijar libremente los valores de las matrículas y cuotas. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y marca el fin de más de tres décadas de regulación. Sin embargo, no abarca a todas las instituciones.
La medida dispuesta por el Gobierno nacional representa un cambio estructural en la relación entre el Estado y las instituciones educativas de gestión privada, ya que elimina la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar los valores que abonan las familias.
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Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita, explicó a 0221.com.ar que la iniciativa rige solo para los colegios que no reciben subvención del Estado.
En la provincia, el 70% de los colegios recibe subvención del Estado. "Las escuelas que tienen aportes del Estado tienen un control estricto que les indica cuándo pueden aumentar y cuánto. Las que no tienen subsidios del Estado no tienen control estatal en cuanto a los límites de la cuota", agregó.
A través del Decreto N°787/2025, publicado este martes, el Ejecutivo derogó el Decreto N° 2.417/1993 que durante más de 30 años estableció el sistema de control de precios de las matrículas y cuotas en los colegios privados de todo el país. Según el texto oficial, la normativa derogada "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".
Esta desregulación de aranceles abre un nuevo escenario en el sistema educativo argentino. Si bien el Ejecutivo sostiene que el cambio favorecerá la sostenibilidad de los colegios y ampliará las opciones para las familias, especialistas del sector advierten que podría derivar en un incremento significativo de las cuotas y una mayor desigualdad en el acceso a la educación privada.
El escrito sostiene que el esquema regulatorio vigente desde los años 90 respondía a un contexto centralizado, previo a la transferencia de competencias educativas a las provincias. En este nuevo escenario, el Gobierno considera necesario "favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos privados", garantizando la sostenibilidad económica y el acceso a la educación de calidad.
Entre los fundamentos, se afirma que la intervención estatal "ha generado efectos contraproducentes" al limitar la capacidad de los colegios para ajustar sus tarifas frente a la inflación o a variaciones en sus costos operativos. Esa rigidez, argumenta el Ejecutivo, "ha llevado a que los institutos fijen cuotas más elevadas de lo necesario, por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal".
Especialistas del sector advierten que podría derivar en un incremento significativo de las cuotas y una mayor desigualdad en el acceso a la educación privada
El Decreto también hace hincapié en el derecho de propiedad y libre contratación de los institutos privados, señalando que deberían tener autonomía para definir sus condiciones de contratación y salarios sin autorización del Estado.
Además, instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto N°2.542/1991, considerado la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada y a presentar una propuesta de actualización. Con esta medida, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo basado en la libre competencia y la autorregulación del mercado educativo, donde las instituciones definan sus políticas de precios en función de la demanda y los costos del servicio.