El Gobierno no tiene asegurados los votos para las sesiones extraordinarias. La reforma laboral enfrenta resistencias y la ley de glaciares quedó relegada.
A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno de Javier Milei enfrenta serias dificultades para avanzar con su agenda legislativa. La reforma laboral no reúne los apoyos necesarios y la modificación de la ley de glaciares perdió centralidad, en medio de tensiones internas, negociaciones con gobernadores y un conflicto abierto con la CGT.
Pese a una intensa ronda de reuniones con gobernadores aliados, la Casa Rosada todavía no logró asegurar los votos necesarios en el Congreso para aprobar el temario de sesiones extraordinarias. A ocho días del inicio del debate legislativo, la reforma laboral aparece envuelta en dudas y la modificación de la ley de glaciares directamente quedó fuera de las prioridades de negociación.
El oficialismo busca tratar la reforma laboral en febrero, negocia apoyos en el Senado y enfrenta la presión de la CGT por cambios en artículos clave.
El Gobierno hizo oficial el llamado a sesiones extraordinarias para febrero. La reforma laboral es la obsesión de Javier Milei.
Los principales interlocutores del oficialismo continúan sumando encuentros con mandatarios provinciales, algunos de los cuales dejan trascender su respaldo político. Sin embargo, el poroteo fino sigue siendo una incógnita y, para colmo, la CGT y sectores del empresariado comenzaron a mostrar una oposición coordinada al proyecto de reforma laboral impulsado por el Presidente.
Parte de las dificultades se explican por las diferencias internas dentro de la mesa política del Gobierno. Un sector, con Diego Santilli como principal negociador con las provincias, proponía ofrecer fondos discrecionales como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o la reactivación de obras públicas para compensar la caída de recaudación tras la baja del Impuesto a las Ganancias.
Esa estrategia chocó con la postura del karinismo, representado por Lule Menem, que se mostró reacio a conceder recursos a cambio de votos. En ese esquema, la única prenda de negociación que evalúa hoy el oficialismo es una modificación en la escala del Impuesto a las Ganancias, lo que reduce el margen de acuerdo con los gobernadores.
En ese contexto, Santilli mantuvo reuniones con Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además de recibir a Alberto Weretilnek (Río Negro), aunque este último no cuenta con representación legislativa propia.
La ley de glaciares, en tanto, perdió peso incluso dentro del propio oficialismo. El proyecto, impulsado por gobernadores cordilleranos y el sector minero para habilitar la explotación de cobre no forma parte de las conversaciones recientes, pese a que se estima que podría generar exportaciones por unos 25.000 millones de dólares en el largo plazo.
La reforma laboral también quedó atravesada por el conflicto entre el Gobierno y la CGT. El vínculo se tensó definitivamente luego de que la central obrera cuestionara el decreto 941/2025, que reforma la estructura de la SIDE, al que calificó como “regresivo y peligroso para la democracia”.
Desde entonces, el diálogo se rompió y el Ejecutivo dejó trascender que, como represalia, no avanzará en el pago de una deuda cercana a los $37.000 millones con las obras sociales sindicales por reintegros de medicamentos y tratamientos. En paralelo, los gremios presionan para avanzar con medidas de fuerza contra el Gobierno.
En este escenario, la eventual caída de los proyectos podría reavivar las internas dentro del oficialismo, con Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Manuel Adorni involucrados de lleno en la estrategia legislativa. Mientras tanto, Milei acotó el temario de extraordinarias y dejó para sesiones ordinarias iniciativas sensibles como el DNU que modifica la ley de Inteligencia, otro frente que amenaza con abrir nuevos conflictos políticos y judiciales.