domingo 16 de marzo de 2025

Mauricio Macri salió a bancar a Javier Milei tras el veto a la movilidad jubilatoria

El expresidente Mauricio Macri cuestionó la decisión del Senado, aun cuando los legisladores de su propio espacio votaron en favor del incremento.

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Luego de que el Gobierno confirmara que vetará el aumento de las jubilaciones que se aprobó en el Senado con el apoyo de los legisladores que forman parte de su propio armado político, el expresidente Mauricio Macri salió a bancar en las redes la decisión del presidente Javier Milei.

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"La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción", indicó el fundador del PRO en las redes sociales.

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Pese a que la norma recibió el apoyo de dos tercios del Senado, incluyendo también el de los legisladores que responden al propio Macri, el exmandatario no ahorró críticas contra los miembros del Cuerpo. "Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el deficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei", sentenció este viernes por la mañana.

El veto de Javier Milei

El mensaje de Macri se produce horas después de que la Oficina del Presidente anunciara en X que el presidente argentino vetará la ley aprobada en el Congreso. "El proyecto aprobado hoy por el Congreso tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno", escribieron e indicaron además que "el presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará".

"Se trata de un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años", agregaron.

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"Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medida como estas, hoy son mayoritariamente pobres", cuestionaron en el Gobierno.

¿Qué implica la ley para las jubilaciones?

El proyecto que se aprobó establece una suba del 8,1% de todas las jubilaciones y dispone la realización de actualizaciones mensuales de los haberes atadas al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mes a mes publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), tal y como el Gobierno dispuso hasta ahora por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La norma también dispone una compensación retroactiva para alcanzar la escalada de los precios que se registró en enero pasado, cuando el IPC alcanzó un pico de 20,6% y los haberes previsionales aumentaron solo un 12,5%.

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La ley busca que las jubilaciones estén atadas a la inflación para garantizar que los haberes no se deprecien con el tiempo.

La ley busca que las jubilaciones estén atadas a la inflación para garantizar que los haberes no se deprecien con el tiempo.

A su vez, la ley establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09". También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".

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