La administración de Javier Milei sostuvo a través de las redes sociales que el Congreso votó un proyecto "irresponsable, ilegal e inconstitucional".
El presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1% y dispone una nueva fórmula para sus futuras actualizaciones. El Gobierno cargó contra los legisladores argentinos que dieron luz verde al proyecto y sostuvo que la aprobada "tiene como único objetivo destruir el programa económico".
La norma, que recibió un fuerte apoyo en el Senado y fue aprobada por dos tercios tanto en general como en particular, había generado un fuerte debate y un gran descontento en el Ejecutivo nacional porque entienden que pone en riesgo el equilibrio de las cuentas fiscales.
Varios supermercados se sumaron a aceptar al dólar como medio de pago. Tres de ellos lo cotizan por encima del blue y uno nacional acepta los "cara chica".
El rechazo de la Cámara de Diputados se alcanzó con votos de la oposición y aliados de La Libertad Avanza. Ahora el Senado deberá ratificar la sanción.
"El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará", señala el comunicado que la administración de Milei difundió en las redes sociales luego de que el Senado convalidara la media sanción alcanzada en la Cámara de Diputados. En esa línea, además, el escrito agrega: "El Congreso nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años".
La nota difundida por Oficina del Presidente remarca además que "esta ley implica un gasto adicional del 1,2 por ciento del PBI o, lo que es lo mismo, 25 por ciento del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres". "Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal", cierra el escrito.
En el caso del veto parcial, Milei podría proceder a la promulgación de determinados artículos y al rechazo de otros, siempre y cuando no modifique el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Ya con el veto total, el proyecto regresa al Poder Legislativo que, de tener intenciones, puede insistir en la sanción de la ley.
Si el Congreso decidiera redoblar sus esfuerzos para imponer la norma, se necesitaría el voto positivo de dos tercios de los legisladores en ambas Cámaras. De esta forma la ley se promulgaría a pesar de la voluntad del mandatario nacional. De no conseguirse el número en alguna de las dos cámaras, el veto se mantiene y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
El proyecto que se aprobó establece una suba del 8,1% de todas las jubilaciones y dispone la realización de actualizaciones mensuales de los haberes atadas al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mes a mes publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), tal y como el Gobierno dispuso hasta ahora por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La norma también dispone una compensación retroactiva para alcanzar la escalada de los precios que se registró en enero pasado, cuando el IPC alcanzó un pico de 20,6% y los haberes previsionales aumentaron solo un 12,5%.
A su vez, la ley establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09". También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".