El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, definirá el futuro de 17 personas imputadas en la tragedia sanitaria causada por el fentanilo contaminado.
Este viernes el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak tomará decisiones cruciales en la causa por el fentanilo contaminado, que tiene a 17 personas imputadas. Se trata de directivos, técnicos y empleados de Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A., sospechados de haber fabricado ampollas de dicho medicamento que se vieron contaminadas con la presencia de las bacterias klebsiella variicola y klebsiella pneumoniae.
La investigación apunta especialmente al lote 31202, vinculado a la muerte de 96 pacientes; aunque la Fiscalía confirmó hasta ahora solo se confirmó la vinculación con doce fallecimientos. La fiscal María Laura Roteta detalló que además di dichos casos, también hay un centenar de historias clínicas bajo análisis del Cuerpo Médico Forense, el Instituto Malbrán y hospitales públicos, que podrían ampliar la cifra de víctimas fatales.
Entre los delitos investigados figuran la producción y comercialización de medicamentos adulterados, el desvío y tráfico ilegal de estupefacientes por el manejo ilícito de fentanilo y la falsificación y manipulación de documentación sanitaria para encubrir irregularidades en los procesos de fabricación y control de calidad.
Las penas previstas para los acusados van de 3 a 10 años de prisión por medicamentos adulterados y de 5 a 20 años por narcotráfico en el marco de una organización criminal.
El expediente detalla la responsabilidad de cada uno de los acusados en la cadena de producción y control del medicamento que causó la tragedia sanitaria más importante de la que haya registro en la historia nacional:
Antes de definir procesamientos, el juez Kreplak evalúa nuevos testimonios y medidas de prueba solicitadas por las defensas, entre ellas las que impulsa el abogado Gastón Marano, representante de Ariel García Furfaro, actualmente detenido.
La resolución de Kreplak marcará un punto de inflexión en una de las causas sanitarias y judiciales más graves de los últimos años en Argentina.
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