La causa por presunta conspiración policial contra el gobernador Axel Kicillof avanza con sigilo en los tribunales platenses. El expediente, radicado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, investiga a un grupo de 24 policías bonaerenses desafectados de la fuerza por presunto uso indebido de recursos públicos y actividades de carácter político.
Cuando Condomí Alcorta tomó licencia, la investigación quedó transitoriamente en manos de su colega Álvaro Garganta (UFIJ 11), quien ratificó las medidas ordenadas y comenzó a delinear la hipótesis de un entramado de funcionarios policiales que, bajo el mando del excomisario Maximiliano Bondarenko, habrían montado una estructura de campaña paralela en beneficio de La Libertad Avanza.
Allanamientos, pruebas y respaldo judicial
En las últimas semanas, el expediente registró movimientos claves. Fuentes judiciales confirmaron a 0221.com.ar que se llevaron a cabo allanamientos en distintas dependencias policiales y domicilios particulares vinculados a los imputados. Los elementos secuestrados -entre ellos, computadoras, teléfonos celulares, impresoras, mobiliario y documentación administrativa- fueron validados por el Juez de Garantías interviniente, que convalidó las medidas dispuestas por la fiscalía.
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Patricia Bullrich se apuró a postear en redes sociales pero desde la justicia de La Plata la desmintieron
La cadena de custodia fue preservada y ahora las pruebas se encaminan a un análisis forense. La decisión más sensible se conoció en las últimas horas: a partir del lunes 20 de octubre comenzarán las pericias informáticas sobre los dispositivos secuestrados, un paso considerado "clave" para establecer la magnitud de la presunta operatoria. La fecha no pasa inadvertida: apenas seis días después, el domingo 26, se celebrarán las elecciones nacionales, con epicentro político en la provincia de Buenos Aires.
Una trama político-policial en La Plata que incomoda
El caso estalló cuando Kicillof denunció públicamente la existencia de una conspiración interna dentro de la Bonaerense. Su hipótesis fue inmediatamente descalificada por el gobierno nacional y amplificada en redes sociales por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien calificó la denuncia de "trucha" y aseguró que la Justicia la había desestimado.
Sin embargo, en tribunales la realidad es otra: lejos de haber sido archivada, la causa se encuentra en plena etapa de producción de prueba. Según confirmaron fuentes con acceso directo al expediente, ya se estableció que existió un uso irregular de bienes del Estado en actividades partidarias vinculadas a la campaña libertaria.
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El expolicía Maximiliano Bondarenko, candidato de Javier Milei, fue derrotado en la Tercera Sección Electoral
En ese entramado, el nombre de Bondarenko aparece con insistencia. El excomisario, con un legajo marcado por sanciones disciplinarias y un ascenso meteórico en la Bonaerense, hoy es diputado electo de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral donde sufrió una paliza en las urnas. El vínculo con algunos altos mandos aún en funciones, entre ellos el jefe de la Policía Ecológica Ignacio Ortiz Valenzuela, abre otra línea de investigación que conecta a la fuerza con actividades proselitistas y hasta con viejos contactos políticos del massismo.
El “Grupo Rocket” y la sombra de la inteligencia interna
Entre los documentos analizados figura el denominado "Grupo Rocket", un chat de WhatsApp administrado desde un teléfono registrado a nombre de Bondarenko, pero operado por efectivos de la Policía Ecológica, varios de ellos oriundos de La Plata. Según la denuncia interna, ese grupo funcionaba como un call center político destinado a concentrar los números de legisladores libertarios, redactar borradores de proyectos de ley y coordinar reuniones con referentes de la fuerza de Javier Milei.
El material obtenido sugiere que Valenzuela y Bondarenko se repartían funciones de coordinación, incluso cuando el primero viajó al exterior y dejó a su amigo como responsable de las tareas. A su regreso, retomó el control con convocatorias directas a encuentros para definir diez iniciativas legislativas prioritarias. Para los investigadores, estas pruebas abren la puerta a la imputación por delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
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Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, fue el funcionario que dioa conocer la denuncia qie abrió la invstigación en curso.
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Prudencia judicial y tiempos políticos
El avance de la investigación se maneja con extrema reserva. "Es un caso de alto voltaje institucional", admiten en estrados, conscientes de que cualquier filtración podría alterar el clima electoral. No obstante, remarcan que el trabajo sigue su curso y que ninguna resolución judicial dispuso el cierre de la causa.
La decisión de avanzar con las pericias informáticas el 20 de octubre refleja la intención de la fiscalía de no demorar la producción de pruebas, más allá del calendario político. Los resultados preliminares podrían conocerse a fines de mes, cuando el país ya haya pasado por las urnas, aunque el impacto político del caso se siente desde hace tiempo.
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Foto: Ignacio Amiconi | AGLP
Lo que se juega en la provincia
Más allá de la coyuntura electoral, la causa deja expuesto un dilema profundo: el cruce entre la Policía Bonaerense y la política partidaria. La denuncia revela que ciertos sectores de la fuerza no solo actúan como brazo de seguridad, sino también como plataforma de influencia electoral, dispuestos a girar de un espacio a otro según las circunstancias.
En este contexto, el expediente que investiga la UFIJ 16 de La Plata se convierte en una pieza central para entender cómo se reconfiguran las lealtades políticas dentro de la Bonaerense, en un momento en que la seguridad puede ser uno de los ejes de la campaña en la provincia más poblada del país.
