El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que las contrataciones de empleados públicos de este año no serán renovadas.
La norma comprenderá las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023.
En tanto, exceptúa a las contrataciones al personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación.
También al personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada con que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.
En la administración del Gobierno central hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.
Sin embargo, especialistas en gasto público advierten que por más que se haya anunciado un recorte fuerte en rubros como la obra pública y las transferencias a las provincias, y ahora los empleados públicos, el grueso del gasto se concentra en el sistema jubilatorio y en los salarios de empleados estatales.
Según un informe de la consultora Analytica, en el acumulado enero-noviembre, esas dos categorías representan, respectivamente un 42% y un 12% del gasto total.
Son unos $5,2 billones acumulados, cuando la tributaria de noviembre fue de $4,6 billones.