El gobierno de Javier Milei realizó una denuncia por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales "se podrían relacionar directamente" con esos delitos. "Hay 32 personas denunciadas", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni.
En conferencia de prensa, en la que aseguró que identificaron a 14 organizaciones sociales entre las que nombró al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, La Dignidad, Barrios de Pie, y el Movimiento Evita- y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que "será la factura que se le pasará a los movimientos sociales".
El vocero presidencial anunció que la semana próxima Javier Milei firmará el decreto para que Aerolíneas Argentinas se "sujeta a privatización".
El Indec publicó el informe sobre la pobreza en el primer semestre de 2024 en la Argentina. En el Gran La Plata alcanza a 477.165 personas.
En ese marco, Adorni reveló que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada en la vía pública ese día ascendió a 60 millones de pesos: "Esa será la factura que se le pasará a los movimientos sociales", dijo.
“Se denunció el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, detalló el portavoz en la rueda de prensa diaria que ofrece en Casa Rosada. La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
En el mismo sentido, Adorni precisó que en la línea 134, que fue habilitada para que los beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes o amenazas de los punteros políticos por no participar en las marchas, “se recibieron 16.150 llamadas, de las cuales hay 1.200 que se encuadraban dentro de la tipología señalada” en la presentación judicial.
Hasta el momento hay 32 personas denunciadas y el gobierno nacional asegura que tiene el detalles de “quiénes son, cómo se llaman y en qué organización operan”.
Este viernes, en el Boletín Oficial, a través de la resolución 949/2023, se determinó que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal debían evaluar los costos de los operativos que “se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” -dice el texto en sus fundamentos-, en alusión a la interrupción de corte de calle.
En la misma resolución se precisó que se iban a tener en cuenta los siguientes criterios de ponderación de gastos:
De ese relevamiento surge el dato del costo de 60.000.000 que generó la implementación del primer protocolo antipiquete, que fue diseñado por el ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. “Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo del gasto que no le corresponde (pagar) a la ciudadanía”, remató el vocero.