Se desestimaron los planteos de Ariel García Furfaro y otros en la causa del fentanilo adulterado. Las querellas reclaman que confirmen los procesamientos.
La causa por la adulteración de fentanilo asociada a 90 muertes de pacientes avanzó con un nuevo dictamen de la Fiscalía Federal de La Plata. La fiscal María Laura Roteta rechazó las nulidades presentadas por las defensas y pidió continuar la investigación, mientras las familias reclaman definiciones sobre los procesamientos.
La titular de la Unidad Fiscal La Plata rechazó la totalidad de los planteos de nulidad presentados por Gastón Marano, abogado de Ariel García Furfaro, principal imputado en la causa. En un dictamen de 43 fojas, calificó de "especulativa" la estrategia procesal y solicitó que continúe la instrucción.
La Justicia no hizo lugar al recurso de la familia que solicitaba ser querellante en la causa por las muertes vinculadas al uso de fentanilo adulterado.
Más de 4 millones de unidades de distintos medicamentos elaborados por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo serán descartadas.
La defensa había pedido declarar nulos los ensayos de esterilidad realizados sobre las ampollas de fentanilo HLB correspondientes a los lotes 31.201, 31.202, 31.244 y 31.245. Esos estudios, realizados por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio Gobbi Novag S.A., fueron fundamentales para vincular genéticamente las bacterias encontradas en el anestésico con las detectadas en las víctimas.
Al planteo se sumaron las defensas de otros imputados, entre ellos Wilson Pons, José Antonio Maiorano, María Victoria García, Javier Tchukrán, Hernán García, Diego García, Rocío Garay, Víctor Bocaccio, Adriana Iudica, Edgardo Sclafani y Horacio Tallarico. De manera subsidiaria, también solicitaron que se repitieran las pericias.
Roteta cuestionó especialmente el momento en que se presentó el pedido de nulidad. Señaló que Marano lo formalizó el 13 de septiembre de 2026, cuando García Furfaro llevaba más de un año detenido y en el mismo mes en que venció el lote 31.202, uno de los principales involucrados en el brote. "Como se observa, la fecha de la presentación no es inocente. Tampoco es inocente que con ella busque, en rigor, la repetición de los estudios", sostuvo la fiscal. Y agregó que la oportunidad elegida evidenciaba "el carácter especulativo de la estrategia procesal desplegada".
Uno de los argumentos centrales de la defensa fue que los análisis de esterilidad debían considerarse una pericia judicial, por lo que correspondía notificar previamente a las partes para que pudieran designar peritos propios, de acuerdo con los artículos 253 y 258 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, Roteta rechazó esa interpretación. Sostuvo que los estudios no habían sido ordenados por el juzgado, sino que formaron parte de un procedimiento técnico-administrativo realizado por el INAME en el marco de las facultades de fiscalización sanitaria de la ANMAT.
También desestimó los cuestionamientos por la falta de intervención de la defensoría oficial durante esa etapa inicial. Recordó que Marano aceptó el cargo de defensor el 22 de julio de 2025 y que las partes tuvieron acceso a los informes técnicos desde el comienzo.
La fiscal rechazó además las impugnaciones sobre la imparcialidad del INAME y de Gobbi Novag S.A., así como los cuestionamientos a la cadena de custodia de las muestras. Sobre este último punto, indicó que existen 14 actas firmadas por funcionarios públicos que documentaron las distintas etapas del procedimiento.
En relación con los resultados científicos, destacó que la secuenciación genómica realizada por el Instituto ANLIS-Malbrán ratificó los hallazgos. También descartó que las supuestas fallas técnicas señaladas por las defensas en la Farmacopea Argentina alcanzaran para invalidar las conclusiones de los estudios.
Entre las pruebas incorporadas a la investigación aparecen conversaciones internas de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Los mensajes encontrados en los teléfonos de directivos procesados indicarían que el personal conocía los resultados negativos de los controles de esterilidad antes de que el producto fuera distribuido.
En un mensaje del 6 de mayo de 2025, encontrado en el celular de Wilson Pons, jefe de Control de Calidad, una supervisora de microbiología advirtió: "El fentanilo dio mal, hay que repetirlo mañana. Quedan dos ampollas en la heladera, envueltas en aluminio. Necesito que a primera hora 2 analistas distintas hagan el ensayo". Al día siguiente, en una conversación con la subjefa del área, Adriana Iudica, la profesional confirmó que el lote producido en Laboratorios Ramallo había dado positivo en cultivos TIO y TSB por tercera vez. "La esterilidad la primera vez la hizo Nerina, la repitió Alma y ahora Luciana. El microbiológico tiene crecimiento igualmente", escribió.
El 28 de mayo de 2025, otra conversación volvió a exponer la situación. Cuando una técnica preguntó si el lote había dado positivo, la supervisora respondió: "Se analizó 4 veces. Las anteriores dio mal". Pese a esas alertas y a la inspección del INAME del 12 de mayo, durante la cual se constató el faltante de ampollas retiradas para análisis internos, el proceso de fabricación y distribución no se detuvo.
Sobre la base de estas pruebas, Roteta sostuvo que "el fentanilo HLB salió contaminado del Laboratorio Ramallo" y que las bacterias fueron identificadas en estudios realizados por personal del Hospital Italiano de La Plata, el INAME, Gobbi Novag y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La causa está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y tiene a 15 personas procesadas. Trece son directivos y responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, mientras que las otras dos son exfuncionarias de organismos de control: Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, exdirectora nacional del INAME.
Los procesamientos iniciales atribuyeron 20 muertes y luego la investigación amplió esa cifra a 90 fallecidos. Actualmente, las resoluciones están bajo revisión de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los jueces Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi.
Frente al dictamen de la fiscalía, las querellas calificaron la situación como "muy grave" y respaldaron el trabajo de Kreplak y Roteta, al considerar que "vienen trabajando con mucha responsabilidad y de manera incesante desde que comenzó el caso". Las familias reclamaron que la Cámara se expida sobre los procesamientos dictados hace casi un año. Advirtieron que la falta de una resolución de la alzada impide avanzar hacia la elevación de la causa a juicio oral.
Por ahora, el dictamen de Roteta representa un nuevo respaldo a la continuidad de la investigación. La fiscal solicitó al juez Kreplak que rechace los planteos de nulidad por considerar que la pretensión defensiva "carece de todo sustento fáctico y normativo".
