Tras una votación, la Eurocámara resolvió derivar el tratado con el Mercosur a la Justicia del bloque para evaluar su legalidad dentro de la Unión Europea.
El Parlamento Europeo resolvió frenar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia del bloque. La decisión se tomó tras una votación ajustada en Estrasburgo y abre una instancia judicial que deberá evaluar si el texto respeta los tratados vigentes.
La moción obtuvo 334 votos a favor y 324 en contra, lo que habilitó la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo. El organismo deberá analizar la legalidad del acuerdo firmado recientemente en Paraguay, mientras el proceso político queda en pausa.
La decisión destraba un proceso iniciado en 1999 y marca un hito en la política comercial del bloque europeo. Francia, Polonia e Irlanda se opusieron.
Luego de 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo que abarca el 25% del PIB mundial y a más de 700 millones de personas.
Desde la Comisión Europea, el vocero Olof Gill cuestionó la decisión del Parlamento y afirmó: “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”. No obstante, aclaró que el Ejecutivo comunitario mantiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de forma provisional.
Gill sostuvo que los cuestionamientos no son nuevos y que ya fueron abordados en tratados anteriores, como el acuerdo comercial con Chile. Tras la votación, adelantó que el tema será tratado por los jefes de Estado y de Gobierno durante una cumbre extraordinaria de la Unión Europea.
Ante la consulta sobre una eventual aplicación provisional del tratado, el vocero indicó que la Comisión seguirá dialogando con los eurodiputados para explicar por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y destacó su “vital importancia” económica y geopolítica para el bloque europeo.
El debate también expuso reparos sobre el mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo y la base legal elegida para su aprobación. En ese contexto, Francia respaldó la decisión parlamentaria y celebró el envío del texto a la Justicia, postura que fue acompañada por sectores agrícolas frente al Parlamento Europeo.