Según denunció el gobierno, una gran cantidad de beneficiarios de pensiones por invalidez no cumplía con los requisitos.
El Gobierno limitó el acceso a las pensiones por invalidez y configuró nuevos requisitos. La decisión fue tomada luego de que los primeros resultados de una auditoría en la base de datos de los beneficiarios informara sobre "inconsistencias alarmantes". Se oficializó este lunes.
La mayoría de las 10.900 pensiones relevadas por un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre las 330.000 otorgadas en el AMBA, fueron otorgadas a personas que actualmente no viven donde habían declarado y menos de la mitad cumple con los requisitos para acceder a esa prestación.
Desde la administración de Javier Milei aseguran que la decisión de dar de baja las pensiones responde a la detección de irregularidades en las asignaciones.
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“La pensión no contributiva por invalidez laboral se encuentra sujeta a revisión y/o auditoría médica y socioeconómica, y podrá pedirse su revalidación según lo determine la Autoridad competente”, cita el artículo 3 del decreto 843 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El Gobierno aseguró que se dilapidan recursos del Estado "al convalidarse, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la otorgación de fondos destinados a quienes por su incapacidad se ven imposibilitados para trabajar, a personas que no presentan tal condición".
En el decreto añadieron que "resulta necesario restablecer los requisitos de encontrarse incapacitado en forma total y permanente y de no poseer un vínculo laboral formal ni estar inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente para poder acceder a la correspondiente pensión”.