Desde la administración de Javier Milei aseguran que la decisión de dar de baja las pensiones responde a la detección de irregularidades en las asignaciones.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevará adelante un control sobre las asignaciones por incapacidad luego de que el Gobierno nacional detectara presuntas irregularidades en la concesión de las mismas. Esta situación podría llevar al recorte de unas 120.000 pensiones.
Según dio a conocer Infobae, la administración de Javier Milei decidió llevar a cabo un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses.
El trámite se realiza desde este lunes 2 de septiembre y va a estar disponible en la app "Mi Argentina".
El Gobierno nacional dispuso el mecanismo que deberán utilizar las prepagas para informar los aumentos de sus cuotas, que desde julio ya no tienen tope.
Desde el Gobierno recorte obedece a la detección de presuntas irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado. Se trata de entre el 30% y el 40% de los casos auditados.
Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente.
Vale recordar que este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
En principio, la auditoría se realizó sobre aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.
Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se informó que se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas, principalmente en lo que refiere a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
Los principales afectados son aquellos beneficiarios cuya situación de salud no respalda la asignación de la pensión, quienes poseen bienes de considerable valor (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones), o aquellos con empleo formal.
También están bajo revisión los casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta.