El Ejecutivo nacional extendió la emergencia energética hasta 2027 y habilitó a los privados a importar gas, un cambio que podría impactar en las tarifas.
El Gobierno nacional abrió la puerta a la privatización de las importaciones de gas y avanzó en la extensión de la emergencia energética hasta 2027. La medida busca retirar al Estado del rol de intermediario, reducir subsidios y trasladar el abastecimiento a los operadores privados.
La administración de Javier Milei formalizó este martes un giro clave en la política energética al habilitar la privatización de las importaciones de gas natural licuado (GNL) y extender la emergencia energética mediante el Decreto N°49/2026, publicado en el Boletín Oficial.
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La norma prorroga la emergencia en el transporte y la distribución de gas natural, lo que le otorga al Ejecutivo mayores facultades de intervención y podría derivar en un aumento adicional de las tarifas de gas durante el invierno. En la práctica, La Libertad Avanza (LLA) mantendrá al sector bajo este régimen durante todo su mandato.
El núcleo del decreto es la modificación de las reglas para que un único comercializador privado y seleccionado mediante una licitación pública, se haga cargo durante los próximos 2 años de las importaciones de GNL y de la infraestructura asociada. Ese rol hoy está en manos de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa).
En la Secretaría de Energía de la Nación explicaron que "este cambio se inscribe en la decisión de avanzar con la privatización de activos y actividades de Enarsa y de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético". En ese sentido, remarcaron que el Estado buscará concentrarse en "establecer reglas, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento".
Hasta ahora, Enarsa planificaba desde 2008 las importaciones necesarias para cubrir el fuerte aumento de la demanda durante los meses de frío. El gas licuado llegaba a las terminales de regasificación de Escobar y Bahía Blanca –de las cuales solo sigue activa la primera– y desde allí se inyectaba al sistema para abastecer hogares, comercios e industrias. De esta manera, en tanto, podrán sumarse otros actores para competir con esa compañía importando gas para abastecer la demanda.
Pese a la producción récord de gas en Vaca Muerta, el abastecimiento local sigue siendo insuficiente en invierno, cuando el consumo residencial se multiplica por cinco y alcanza picos de hasta 100 millones de metros cúbicos diarios. A eso se suma la falta de capacidad de transporte desde las cuencas productoras hacia los grandes centros urbanos.
En 2024, Enarsa compró 27 cargamentos de GNL a proveedores como BP Gas y Total Energies por US$ 698 millones, con un precio promedio de US$ 12,31 por millón de unidades térmicas británicas (o BTU por sus siglas en inglés). En 2022, en un contexto internacional adverso, se habían importado 41 cargamentos por US$ 2.885 millones, a un promedio de US$ 28,82.
Con costos de regasificación de entre US$ 1,25 y US$ 1,30, el GNL importado ingresó en 2025 a poco menos de US$ 14 por millón de BTU. Sin embargo, los usuarios residenciales pagaron en promedio US$ 4 durante el invierno, diferencia que fue cubierta por subsidios del Estado nacional. La principal incógnita que analiza el sector es si, con las importaciones en manos privadas, ese costo será trasladado íntegramente a los usuarios. De ocurrir, implicaría subas adicionales en las boletas durante los meses de mayor consumo.
Según la consultora Economía & Energía, en 2025 el Estado transfirió el equivalente en pesos a US$ 4.000 millones en subsidios energéticos, un 36% menos que el año anterior. Para 2026, se espera que esa cifra descienda a unos US$ 3.000 millones, equivalentes al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).